Línea 2 del Metro de Lima: CIADI ratifica suspensión de millonario impago a Florentino Pérez en favor de Perú

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el Comité de Anulación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) emitió una decisión favorable a Perú, manteniendo la suspensión de la ejecución del laudo arbitral en el Caso CIADI N.º ARB/17/3 sobre la Línea 2 del Metro de Lima.

La resolución se conoció el 1 de noviembre y representa una victoria procesal relevante para la defensa de los recursos públicos nacionales, mientras prosigue el proceso iniciado por el Estado peruano para anular indemnizaciones superiores a 200 millones de dólares.

La nueva resolución del CIADI rechaza en su totalidad los pedidos del concesionario Metro de Lima Línea 2 S.A., encabezado por la española ACS de Florentino Pérez, dueño del Real Madrid, para levantar la suspensión o exigir una garantía financiera al Estado peruano durante el procedimiento.

Para Perú, los montos reconocidos en el laudo —exceden los 200 millones de dólares— no contaron con sustento jurídico ni técnico, de acuerdo con el marco legal pactado por las partes. Por ello, la entrega de estos fondos se encuentra bloqueada luego de una impugnación liderada por el Estado peruano y el pool internacional Squire Patton Boggs, cuyos honorarios superan los S/9,9 millones.

Según el MEF, el Comité subrayó que el pedido hecho por Perú para revisar el fallo arbitral responde a un compromiso serio y coherente con la aplicación del derecho internacional, descartando cualquier intención dilatoria. Los evaluadores resaltaron la actuación “de buena fe” y reconocieron que la solicitud fue presentada dentro de los plazos, bajo criterios de responsabilidad institucional y transparencia.

La resolución, finalmente, advierte sobre los riesgos que asumiría el sistema de controversias de inversión si se ordenara la ejecución provisional del laudo antes del cierre del proceso de revisión, ya que se podría generar un perjuicio sustancial y afectar la coherencia institucional del propio CIADI.

El conflicto se remonta a 2014, cuando el Gobierno peruano suscribió un contrato de concesión con el consorcio Metro de Lima Línea 2 S.A., integrado por empresas españolas como Iridium-Dragados y FCC, italianas como Webuild (anteriormente Salini-Impregilo) y Hitachi Rail, y la peruana COSAPI, para ejecutar el proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima, que contempla una red subterránea de más de 27 kilómetros y 27 estaciones a lo largo de la capital. Iridium es filial de ACS.

Aunque el consorcio asumió la responsabilidad de desarrollar la obra, la construcción experimentó retrasos principalmente por demoras en la entrega de terrenos por parte del Estado. Debido a esta situación, en 2017 la concesionaria acudió al CIADI y solicitó un arbitraje alegando incumplimientos contractuales relacionados con la falta de entrega oportuna de los terrenos necesarios para la ejecución del proyecto, cuya inversión estimada supera los 5.658 millones de dólares.

La controversia giró en torno a estos retrasos y, después de un proceso exhaustivo, el 21 de marzo de 2024 el CIADI falló que el Estado peruano incurrió en incumplimientos contractuales, señalando que no entregó los terrenos en los plazos acordados, por lo que el organismo internacional atribuyó a Perú parte de la responsabilidad por los retrasos y perjuicios sufridos por la empresa concesionaria.

Sin embargo, de los 315 millones de dólares impuestos como reparación al Estado peruano, el MEF solo cumplió con pagar una parte. Casi un año después de la sentencia, el 4 de marzo de 2025, Perú solicitó ante el CIADI la anulación parcial del laudo, argumentando que el tribunal arbitral incurrió en errores graves como la inaplicación del derecho nacional y el uso indebido del principio de equidad.

De esta manera, suspendió provisionalmente la ejecución de indemnizaciones que superan los 170 millones de dólares, 11 millones de euros y 27 millones de soles -esos son los más de 200 millones de los que habla el MEF en su comunicado-, correspondientes a sobrecostos y daños para ACS que, según sus alegatos, carecen de justificación legal y técnica.

Como respuesta a la falta de pago completo, a mediados de este año se conoció que ACS recurrió a la justicia de Luxemburgo para solicitar el embargo de activos estatales peruanos. No obstante, tanto el MEF como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha defendido desde ese momento que el embargo se encuentra congelado hasta que se resuelva el pedido de anulación del laudo, y el CIADI les acaba de dar la razón.