Fiscal rompe actas de intervención y detenidos son liberados en El Agustino: PNP presentará denuncia penal

Un incidente registrado en la comisaría de El Agustino ha generado cuestionamientos sobre el proceder del Ministerio Público y tensiones con la Policía Nacional del Perú (PNP). La fiscal Lucy Flores Tasaico fue grabada mientras rompia un acta policial elaborada tras la intervención de dos personas investigadas por presunta receptación. El hecho ocurrió en plena dependencia policial y fue grabado por agentes, quienes también documentaron el daño al documento.

Según el informe elevado por la PNP a la Cuarta Fiscalía Penal de Flagrancia de Lima Centro, la fiscal rompió el acta que había sido suscrita tras la intervención. Los policías adjuntaron fotografías y un video del momento en el que la representante del Ministerio Público destruye el documento, pese a los reclamos de los efectivos presentes.

Luego del incidente, los dos detenidos fueron puestos en libertad, lo que generó cuestionamientos internos en la Policía Nacional sobre el impacto de la actuación fiscal en el proceso. Las imágenes y el informe policial fueron derivados a las autoridades correspondientes, y la institución adelantó que se presentarán denuncias contra la letrada.

El video registra una discusión entre la fiscal a cargo y efectivos policiales en una comisaría, mientras se revisaba el acta de intervención. La fiscal cuestiona el documento e indica que los agentes intentaron añadir información sin su autorización. “Pretendían agregar eso a la carpeta fiscal sin hacer la corrección que yo les había indicado”, afirma la funcionaria. Los policías le responden que el acta ya estaba lista para ser enviada: “Vamos a mandar así como usted me informa”.

En la grabación, la fiscal sostiene que pidió corregir códigos en el acta y que no se atendió su solicitud, por lo que decidió romper el documento, alegando que se intentaba ingresar información sin rectificación previa. “Por eso se ha tenido que romper”, señala, mientras los agentes señalan que el documento ya estaba formalizado: “Doctora, ya lo había firmado”. Uno de los policías cuestiona la decisión y recalca: “Acá el problema es por qué usted rompe el documento”.

El ambiente se vuelve más tenso cuando ambas partes se acusan de faltas de respeto. La fiscal afirma que buscaba comunicarse con un superior y que no recibió apoyo: “Yo he querido hablar con el jefe y usted no ha querido hablar”, mientras los agentes sostienen que actuaron conforme al procedimiento. Un policía interviene y advierte que informará a la superioridad sobre el incidente: “Voy a levantar mi acta y voy a comunicarme con su provincial”.

El general Máximo Ramírez, director de la Defensoría de la Policía Nacional, criticó el accionar de la fiscal y anunció medidas legales. En declaraciones a RPP, afirmó que el hecho constituye una interferencia en el trabajo policial y afecta el desarrollo de la investigación. Esta fiscal, con su actitud, lo que ha permitido es encubrir las pruebas, destruir las pruebas para liberar a dos personas que estaban siendo investigadas por el delito de receptación agravada. Es indignante y nosotros como Defensoría Policial no lo vamos a permitir, para que esta fiscal así fácilmente venga, destruya las pruebas, las evidencias y después les de libertad”, expresó.

De acuerdo con Ramírez, la Divincri de El Agustino ya presentó una denuncia ante el Órgano de Control Interno del Ministerio Público por los presuntos delitos de destrucción de documento público, atentado contra pruebas y encubrimiento real. Además, el general confirmó que él mismo interpondrá una denuncia penal adicional. “Yo igualmente como defensoría del policía voy a hacer otra denuncia penal porque esta señora esta esta fiscal ha cometido tres delitos, ¿no? Delitos de destrucción de documentos, delito de atentado contra contra los documentos que sirven de prueba y de cubrimiento real y este son delitos muy graves que los voy a denunciar", explicó en conversación con 24 Horas.

El oficial también indicó que la fiscal pidió disculpas tras romper el acta, pero subrayó que ello no revierte el daño. “Pide disculpas, pero ya había destruido las pruebas”, alegó. Asimismo, cuestionó que los dos intervenidos fueran liberados horas después, pese al carácter de flagrancia con el que habían sido detenidos.

Los dos sospechosos intervenidos —según la PNP, por tener en su poder 60 faros de vehículos de alta gama— recuperaron su libertad cuando estaba por cumplirse el plazo máximo de detención de 48 horas. Para la Defensoría de la Policía, la ruptura del acta influyó en ese desenlace. “En lugar de contribuir a una investigación limpia y transparente, lo que ha hecho es favorecer para que estos detenidos después sean liberados”, señaló Ramírez.

Durante sus declaraciones, el general también advirtió que la destrucción de documentos públicos puede implicar penas de dos a diez años de prisión, de acuerdo con la legislación vigente. Enfatizó que la institución policial espera sanciones ejemplares para evitar precedentes que afecten la lucha contra el delito.