Contraloría reporta armas con más de 40 años de antigüedad y chalecos antibalas en mal estado en comisarías

La Contraloría General de la República reportó hallazgos críticos tras inspeccionar comisarías en diversas regiones del país. El operativo “Comisarías Básicas PNP 2025” inició con el despliegue de cerca de 700 auditores a 466 dependencias policiales, equivalente al 35 % de las comisarías del territorio nacional, con visitas planificadas entre el 30 de octubre y el 5 de noviembre, según indicó la institución fiscalizadora.

Durante una de las inspecciones en Lima, el contralor general César Aguilar Surichaqui encabezó la revisión de la comisaría de Ciudad y Campo, en el distrito del Rímac. En esa dependencia, los auditores constataron la existencia de armas con más de cuatro décadas en servicio, chalecos antibalas deteriorados, número insuficiente de radios transmisores, techos y paredes con humedad, urinarios inservibles y mobiliario en franco deterioro.

“Con este operativo vamos a hacer un diagnóstico para informar a las autoridades correspondientes y al Congreso la realidad de las comisarías. Hay que hacer algo, todos tenemos que poner el hombro si queremos combatir la delincuencia. Tenemos que tener capacidad de respuesta y de prevención”, mencionó Aguilar.

La diligencia también se extendió a San Juan de Miraflores, donde una comisión encabezada por el vicecontralor Marco Argandoña inspeccionó la comisaría de Pamplona I. Allí, el panorama fue similar. El personal de control identificó chalecos antibalas en uso desde hace 35 años, proyectiles oxidados, escaleras en estado de oxidación, techos y habitaciones deterioradas, cableado eléctrico expuesto, así como motos nuevas inutilizadas por falta de capacitación oficial. Los hallazgos incluyeron otros aspectos como deficiencias en la operatividad de los vehículos y problemas con la dotación básica de equipos de comunicación.

Las visitas de la Contraloría recogen un patrón de fallas estructurales en las instalaciones policiales: precariedad del mobiliario, falta de planes de patrullaje sectorial, envío extemporáneo de denuncias por violencia familiar a organismos judiciales y ausencia de equipos informáticos esenciales. Personal de auditoría ya había documentado 14 hechos adversos durante visitas previas a las comisarías de La Huayrona y Zárate en San Juan de Lurigancho, todas relacionadas con condiciones inseguras en infraestructura y deficiencias en la atención ciudadana.

De acuerdo con el organismo, las comisarías básicas son la célula esencial de la Policía Nacional del Perú (PNP) y se clasifican en cinco tipos, según disponibilidad de efectivos policiales, infraestructura y población servida. El informe recoge la situación de dependencias a nivel nacional, con énfasis en regiones como La Libertad, donde 24 comisarías fueron sujetas a revisión en provincias como Chepén, Pacasmayo, Ascope, Trujillo, Virú, Gran Chimú, Otuzco, Julcán, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión y Pataz.

En la provincia de Trujillo, la inspección realizada en la comisaría de El Alambre reveló techo con humedad, conexiones eléctricas del sistema contra incendio expuestas, ambientes sin cielo raso, grilletes oxidados y chalecos antibalas superados en vida útil. El control también abarca la evaluación del sistema de atención de denuncias, para determinar si cumple con los procedimientos y plazos exigidos.

El operativo de control nacional se extenderá hasta el 5 de noviembre. Posteriormente, la Contraloría General emitirá los informes correspondientes, que serán notificados al Ministerio del Interior y a la Dirección de la Policía Nacional del Perú, para que adopten las acciones correctivas necesarias en materia de infraestructura, equipamiento y operatividad policial.