La reciente decisión del Poder Judicial marcó un giro en la gestión de los peajes urbanos de la capital. El Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac resolvió declarar fundada, en parte, la demanda de hábeas corpus presentada por la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar contra la empresa concesionaria Rutas de Lima por presunta afectación al derecho a la libertad de tránsito.
La resolución ordena suspender el cobro en los peajes de Villa y Punta Negra, ubicados en el sur limeño, con la advertencia de que el incumplimiento conllevaría sanciones de multa.
Esta disposición surge en el contexto del contrato de concesión de 30 años entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y Rutas de Lima S.A.C., suscrito en enero de 2013 como parte del proyecto Vías Nuevas de Lima.
El fallo judicial es calificado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) como “un triunfo legal y social” a favor de los vecinos y transportistas de los distritos del sur.
El alcalde Renzo Reggiardo enfatizó que la suspensión responde a un reclamo ciudadano de años y conlleva la restitución del derecho a circular libremente.
El fallo se produce tras numerosos pedidos y manifestaciones ciudadanas, y se convierte en un hecho relevante tras la admisión del hábeas corpus por parte de la Municipalidad de Santa María del Mar en marzo de 2024.
Rutas de Lima expone su postura ante el Estado
Tras conocer la resolución del Poder Judicial, Rutas de Lima emitió un comunicado oficial confirmando el levantamiento de las barreras en los peajes involucrados.
La empresa señaló haber cumplido la medida “en resguardo de nuestros trabajadores y usuarios y en aras de evitar cualquier tipo de agitación social”, aunque manifestó su desacuerdo con la resolución, a la que calificó de “ilegal”, “arbitraria” y “abusiva”.
En el texto difundido, Rutas de Lima argumenta que la suspensión priva a la concesionaria del 100 % de los ingresos restantes que tenía tras previas medidas estatales, y la describe como parte de una supuesta “campaña de hostilidad” por parte de autoridades y otras entidades públicas.
Pese a expresar su rechazo, la compañía indicó que la suspensión será respetada en todas las unidades del tramo Panamericana Sur mientras dure la orden judicial.
El comunicado precisa además que la concesionaria “se reserva todos sus derechos frente a los actos del Estado peruano que han desencadenado la destrucción de su inversión”.
Rutas de Lima recuerda que el contrato inicial con la Municipalidad Metropolitana de Lima incluyó la operación y mantenimiento de diversas vías y nudos viales de importancia estratégica para la ciudad.
Rutas de Lima había anunciado disolución
Un mes atrás, en septiembre, Rutas de Lima había informado que iniciará un proceso de disolución y liquidación. La compañía atribuyó esta decisión al hostigamiento y presiones por parte de la Municipalidad de Lima, situación que definió como insostenible para mantener sus operaciones.
Indicaron que el clima generado por las autoridades municipales afectó su capacidad de cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas en la concesión. La relación se deterioró, mencionan, luego de múltiples desencuentros y decisiones administrativas unilaterales por parte del municipio, que incluyeron la restricción de cobro de peajes y otros mecanismos de recaudación.
El grupo resaltó que, tras analizar sus alternativas, concluyó que continuar operando bajo estas condiciones no resultaba viable. Además, destacó que el contrato suscrito originalmente buscaba garantizar la modernización y mantenimiento de la infraestructura vial, función que considera obstaculizada por las medidas recientes del gobierno local.
Señalaron, además, que la liquidación implicará la terminación de todos sus compromisos laborales y comerciales, así como la entrega de la concesión a las autoridades correspondientes.
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