La Tarifa Única de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional, establecida en US$12,67 por pasajero en conexión, no se aplicará en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez hasta el 7 de diciembre de 2025. La medida fue resultado de una mesa de diálogo entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), OSITRAN, MEF, Mincetur y Lima Airport Partners (LAP), impulsada por la presión de 22 gremios empresariales y turísticos que alertaban sobre el impacto de la tarifa en la competitividad del Perú como centro de conexión aérea.
El operador LAP aceptó la postergación del cobro, pero la condicionó al cumplimiento de compromisos específicos por parte del Gobierno, principalmente del MTC, con el objetivo de que la medida no se convierta en permanente. Mientras tanto, OSITRAN revisa la metodología de cálculo de la tarifa, lo que refuerza la posición del Ejecutivo y de los gremios que buscan eliminarla definitivamente.
Compromisos del Gobierno que deben abstener la aplicación de la TUUA internacional
El acuerdo exige que el MTC asuma dos obligaciones claras. Primero, modificar el Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil para garantizar que todos los cargos aeroportuarios, incluida la TUUA, se informen desde la compra del pasaje. La reforma normativa implica que los montos aparezcan en el precio final mostrado en los sistemas de venta y en los comprobantes entregados al usuario, de modo que no existan cargos adicionales al momento del embarque. Este cambio requiere coordinación normativa entre el MTC, OSITRAN y el MEF, además de un cronograma para su implementación en las plataformas de venta y los procesos de las aerolíneas.
El segundo compromiso contempla una propuesta de adenda al contrato de concesión con LAP destinada a revisar la TUUA de transferencia doméstica, que hoy se establece en US$8,01. La adenda debe explorar alternativas que permitan ajustar ese monto sin trasladar un mayor costo al pasajero y, al mismo tiempo, preservar la recuperación de la inversión privada en el nuevo terminal. En la práctica, la negociación combinará cláusulas técnicas y financieras que obliguen a definir fórmulas de ajuste, plazos y garantías sobre el retorno de la inversión, así como mecanismos para evitar la simultaneidad de cobros que dupliquen cargas al viajero. LAP condicionó su disposición a retirar la aplicación inmediata de la TUUA internacional al cumplimiento de ambas medidas por parte del Ejecutivo.
Rol de OSITRAN y la revisión metodológica
OSITRAN asumió la responsabilidad de evaluar la metodología usada para fijar la tarifa. El Consejo Directivo rechazó el esquema inicial al considerar que no existía justificación suficiente para un cobro adicional cuando los costos podrían estar cubiertos por la TUUA de origen.
El regulador solicitó un nuevo informe técnico con benchmarking regional, comparando estructuras tarifarias con otros hubs, a fin de determinar si corresponde mantener, reducir o eliminar el cobro. Esta revisión técnica refuerza la postura del Ejecutivo y de los gremios que exigen prever los efectos en la conectividad y la competitividad.
LAP, la postergación y las condiciones para evitar el cobro permanente
Lima Airport Partners aceptó aplazar la entrada en vigencia de la TUUA de transferencia internacional hasta el 7 de diciembre de 2025, pero puso como condición que el Gobierno asuma los compromisos descritos. Para LAP, las modificaciones al reglamento y la adenda contractual son requisitos para evitar que la suspensión sea temporal y, eventualmente, impedir la aplicación permanente del cobro. El operador busca preservar la recuperación de su inversión, al tiempo que negocia fórmulas que eviten traslados directos a los pasajeros y que aseguren predictibilidad en la tarificación aeroportuaria.
Presión de gremios y la búsqueda de predictibilidad tarifaria
Veintidós gremios del sector —entre aerolíneas, turismo y comercio exterior— impulsaron la mesa de diálogo y respaldaron la postergación de la tarifa. Las organizaciones advirtieron que la imposición inmediata del cobro encarecería las conexiones por Lima y minaría la posición del país como centro de tránsito regional. Por esa razón, exigieron transparencia en los precios, coherencia en la metodología de cobro y la definición de mecanismos que garanticen predictibilidad para usuarios y operadores. La demanda gremial se alinea con las exigencias regulatorias y con las condiciones planteadas por LAP para mantener la suspensión.
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