Gremios anuncian nuevo paro de transportistas para este martes 4 de noviembre en Lima

Una buena parte del gremio de transportistas de Lima, que agrupa cientos de empresas formales, anunció un nuevo paro para este martes 4 de noviembre, en respuesta a la creciente ola de violencia y tras el reciente asesinato de un chofer en Ventanilla. Dentro del grupo también se cuestiona la efectividad del estado de emergencia que está vigente desde el pasado 22 de octubre.

Martín Ojeda, representante de los transportistas formales de los conos de Lima y director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, confirmó sobre el acatamiento de la nueva medida de fuerza.

“Teniendo en cuenta que no se han cumplido hasta el día de hoy los puntos del acta de acuerdo del 9 de octubre (...), han decidido realizar un paro de 24 horas el día martes 4 de noviembre”, comunicó en RPP Noticias.

Los grupos de transportistas que se plegarán a la medida de este martes 4, son los mismos que acataron una medida similar el pasado 6 octubre. Sus dirigentes se reunieron con ministros y otros integrantes del gobierno y acordaron una serie de acciones, que —según Ojeda— hasta el día de hoy no se cumplen.

Agregó: “Son las mismas empresas que realizaron el paro el 6 de octubre. Lamentablemente, hubo un primer comunicado que fue coordinado por los delegados, pero cuando han ido a las bases han indicado que no aceptan este tema debido a la alta delincuencia y nuevas amenazas”.

Cabe mencionar que desde el lado de Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), cuyo presidente es Martín Valeriano, colectivo que agrupa 460 empresas, indicaron a Infobae Perú que “aún no hay concenso”, pero no descartaron que puedan sumarse a la medida.

La medida fue confirmada por Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú (ANCPP), quien aseguró que el estado de emergencia impuesto por el gobierno interino de José Jerí no ha reducido la inseguridad, sino que la situación “se ha agravado notablemente”.

Según describió el dirigente a La República, desde la declaración del estado de emergencia en la región metropolitana, la cifra de asesinatos y ataques contra trabajadores del transporte no registra descensos.

“Estamos tratando de radicalizar un paro nacional. Lamentablemente este estado de emergencia no ha dado ni una solución respecto a la criminalidad que se vive todos los días. Estamos viendo que están matando a conductores y personas”, señaló Palomino a ese medio.

La ANCPP insiste en que las medidas oficiales no protegen a quienes se exponen diariamente a la criminalidad organizada, que los ataca de forma continua con extorsiones.

En este contexto, el sector transportista afronta una secuencia de extorsiones que afecta tanto a propietarios de vehículos pesados como a conductores de menor escala.

“Los carros grandes están pagando y por eso no los matan; pero si dejas de pagar, te matan. Los pequeños son los que ahora están siendo atacados”, detalló Palomino. Las amenazas y agresiones no han cesado pese a las acciones gubernamentales anunciadas el pasado 22 de octubre.

Anoche, un nuevo ataque mortal conmocionó a Ventanilla (Callao). El asesinato del conductor José Johnny Esqueche Ningles a manos de delincuentes desató la paralización de la avenida Néstor Gambetta, donde decenas de trabajadores del sector bloquearon el tránsito y alzaron protestas reclamando garantías de seguridad.

Esqueche Ningles, de 47 años, falleció tras recibir disparos por parte de dos sujetos que se trasladaban en motocicleta. De acuerdo con testimonios recogidos, al menos tres conductores han sido asesinados en circunstancias similares solo en esa zona y los choferes aseguran vivir bajo permanente amenaza y miedo.

Durante la protesta en Ventanilla, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron para restablecer el flujo vehicular, generando enfrentamientos y escenas de tensión con los manifestantes.

“Venimos a trabajar con miedo, no sabemos si regresaremos a casa”, declaró uno de los choferes. Los transportistas interceptaron buses y obligaron a los pasajeros a descender para hacer visible la gravedad del problema. El bloqueo se extendió desde el paradero Santa Fe hasta Zeta gas y fue custodiado en todo momento por efectivos de la PNP.

Las acciones de ANCPP y otros gremios coinciden con el reclamo por la derogación de normas que, según los transportistas, “favorecen la criminalidad”.

Entre las legislaciones señaladas figuran la Ley N.º 31990, que limita la colaboración eficaz judicial; la Ley N.º 32130, que asigna a la policía la investigación preliminar en lugar del Ministerio Público; y otras que, a juicio del gremio, obstaculizan el combate efectivo contra las mafias. Palomino indicó que la raíz del problema permanece intacta, ya que “la ley los ampara”.

El último acuerdo gremial establecía que, de presentarse el asesinato de un transportista, se concretaría el paro nacional. Los representantes no solo confirmaron la medida, sino que anunciaron el inicio de coordinaciones con sindicatos de base para paralizar actividades en todo el país a mediados de noviembre. “Todo el Perú tiene que parar”, sentenció Palomino.

La ola de extorsiones se evidenció, una vez más, en la jornada de protesta tras el crimen en Ventanilla. Conductores denunciaron que reciben mensajes en los que se les exige pagar diez soles por vehículo para circular en Lima y cinco soles en Callao, bajo amenaza de muerte. Este patrón de hostigamiento quedó constatado en los testimonios recogidos por los medios.

En la evaluación de resultados de la política de seguridad, el analista de datos Juan Carbajal detalló que, entre el 10 y el 24 de octubre, periodo coincidente con los primeros quince días del gobierno de Jerí, se registraron 28 homicidios, una cifra prácticamente igual a la reportada en los últimos quince días de la gestión de Dina Boluarte (29 homicidios entre el 25 de septiembre y el 9 de octubre).

Las cifras oficiales provienen de datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) y podrían variar con la actualización de las bases de datos. Según la misma fuente, estos números refuerzan la crítica del sector transportista acerca de la ineficacia de la declaratoria de emergencia.

De acuerdo con la agenda del gremio, se solicitará una reunión de emergencia con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para exigir la creación de una mesa de trabajo y demandar la nulidad de las normas señaladas como perjudiciales.

Palomino, además, expresó que esperan que la fiscal Delia Espinoza, a quien consideran una representante legítima en la lucha contra el delito, pueda intervenir en el debate convocado.

Hasta nuevo aviso, los bloqueos y manifestaciones persisten en los principales corredores urbanos de Lima y Callao, mientras los trabajadores del sector transporte insisten en ser escuchados por el gobierno. El ambiente de tensión se mantiene tanto en las calles como en el diálogo pendiente entre el Ejecutivo y los representantes sindicales del país.