Más de 800 combis apagaron motores en Ventanilla: choferes bloquearon la vía Néstor Gambeta y exigen presencia de José Jerí y del alcalde

Desde las primeras horas del martes 28 de octubre, el tránsito en la vía Néstor Gambeta, en Ventanilla, se convirtió en un caos. Más de 800 combis decidieron parar como parte de una protesta que buscaba ser escuchada por las autoridades locales y nacionales. Los transportistas exigieron la presencia del ministro del Interior, José Jerí, y del alcalde de Ventanilla, Jhovinson Vásquez, tras el asesinato de un conductor de la empresa Liventur.

El paro, que se inició poco antes del amanecer, afectó los principales accesos hacia Lima y el Callao. Cientos de pasajeros quedaron varados en distintos puntos de la avenida, obligados a caminar largas distancias para llegar a sus centros de trabajo. “Queremos que venga el alcalde Llovizo, que venga y nos dé una solución. El estado de emergencia es un fracaso total”, reclamó una de las manifestantes, refiriéndose a la falta de resultados en las medidas de seguridad implementadas en la zona.

Mientras los vehículos particulares intentaban avanzar por los carriles secundarios, los manifestantes estaban a lo largo de la vía. El sonido de los claxon y las voces de los transportistas llenaban el aire con un solo mensaje: justicia y protección. La protesta no solo fue un acto de indignación por la muerte de su compañero, sino también una advertencia frente a la violencia y las extorsiones que, según denuncian, soportan a diario.

La tensión creció con el paso de las horas. Aunque la Policía Nacional desplegó refuerzos para mantener el orden, los manifestantes advirtieron que no se retirarían hasta recibir la visita de las autoridades. “No nos vamos a mover hasta que el alcalde o el presidente vengan y nos den seguridad, porque mañana puede ser otro chofer”, declaró un conductor, al borde de la desesperación.

El origen del bloqueo fue el crimen de José Johnny Esqueche Ningles, de 47 años, conductor de la empresa Liventur. El ataque ocurrió el lunes 27 de octubre, en el paradero Z de la avenida Gambeta. Según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron al vehículo que conducía rumbo a Ventanilla y le dispararon en repetidas ocasiones. Pese a los esfuerzos por trasladarlo a un centro médico cercano, el trabajador murió poco después.

Las sospechas apuntan a la banda de extorsionadores conocida como “Los Chukis”, grupo delictivo que opera en diversas zonas del Callao y que estaría exigiendo pagos diarios a los choferes para permitirles circular. “Nos piden entre diez y cuarenta soles cada día. Si no aceptamos, nos matan. ¿Y nosotros qué llevamos a casa? ¿Qué comen nuestros hijos?”, denunció uno de los conductores mientras mostraba su indignación ante las cámaras.

A lo largo de la mañana, los manifestantes impidieron el paso de las unidades de transporte público en ambos sentidos. Algunos choferes particulares y camiones lograron avanzar lentamente por los carriles laterales, pero las combis, colectivos y buses quedaron detenidos. “Solo dejan pasar vehículos vacíos. Los pasajeros están caminando por la vía con destino a Lima o al Callao”, informó una reportera desde el lugar.

Algunos transportistas que intentaron continuar con su ruta fueron interceptados por los manifestantes y obligados a retroceder. “Se están asegurando de que ninguna unidad de transporte público circule. Los que lo intentan son desviados de inmediato”, indicó otra voz desde el punto de bloqueo.

Los manifestantes insistieron en que el estado de emergencia no ha reducido la violencia ni la extorsión en el sector transporte. Aseguraron que los operativos policiales son insuficientes y que la presencia del crimen organizado se ha expandido por las principales rutas del Callao. “Nos están matando, y nadie responde. Queremos que nos escuchen antes de que haya más muertos”, expresó un conductor, mientras sostenía una fotografía del colega asesinado.

La protesta continuó durante gran parte del día y mantuvo colapsada la vía Néstor Gambeta. A pesar del despliegue policial, los transportistas reiteraron que no levantarían la medida hasta obtener un compromiso directo de las autoridades. La exigencia era clara: seguridad y justicia para los trabajadores del volante en Ventanilla.