Caso Cócteles: Juez se aparta y deja en suspenso aplicación del fallo del TC a favor de Keiko Fujimori

El juez Wilson Verástegui, del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, se apartó del proceso contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuando debía definir si acataba el fallo del Tribunal Constitucional (TC), el cual anuló la acusación fiscal por presunta financiación irregular en las campañas de 2011 y 2016.

La decisión de inhibirse del caso, anunciada este lunes, se produjo tras la publicación de información en el semanario de investigación Hildebrandt en sus trece sobre la cercanía entre el magistrado y César Acuña, líder de Alianza Para el Progreso (APP).

Verástegui afirmó que, desde octubre de 2024, ejerce su función “con apego a la Constitución, leyes ordinarias vigentes y valores éticos, entre ellos la imparcialidad”, y explicó que el escrutinio surgió luego de la difusión de una fotografía en la que aparece junto a Acuña.

Rechazó tener una “gran amistad” con el exgobernador de La Libertad, aunque admitió conocerlo, y mencionó que la relación se dio entre sus padres en Cajamarca hace varias décadas. “Reitero, no es cierto la ‘gran amistad’ que se señala (...); no obstante, sí lo conozco, pero no me une ningún vínculo”, puntualizó.

Agregó que conocer a Acuña implicaría inhibirse solo ante causas que lo involucren directamente, no ante terceros, y afirmó que el título del reportaje que motivó su decisión, “Alianza para el proceso”, corresponde a lo que calificó como “especulaciones periodísticas propios de medios sensacionalistas”.

Luego de este pronunciamiento, el expediente de la lideresa de Fuerza Popular sigue pendiente de asignación a un nuevo juez. La semana pasada, el TC ordenó dejar sin efecto la acusación fiscal contra Fujimori y contra su partido tras determinar que el proceso que se le seguía “carece de sustento jurídico”.

La decisión declaró fundada una demanda presentada por la defensa de la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) y ordenó que se archive este proceso, conocido como el ‘caso cócteles’.

La abogada de Fujimori, Giulliana Loza, había pedido que se declaren nulas las resoluciones judiciales vinculadas con el proceso que se le sigue a su defendida por los delitos de lavado de activos, organización criminal, falsa declaración y falsedad genérica, así como “todos los actos precedentes” seguidos desde el inicio de las investigaciones preliminares, en 2017.

Loza argumentó que antes de noviembre de 2016 no se consideraba que recibir dinero para financiar una campaña política podía implicar un delito de lavado de activos y que la Fiscalía incorporó nuevos elementos al caso en octubre de 2018 “sin respetar el derecho a la defensa”.

En ese sentido, el TC ordenó al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que defina con prontitud la situación jurídica de Fujimori, sobre la base “de lo dispuesto en la sentencia”. Indicó que “no se declara inocencia ni culpabilidad”, solo la imposibilidad de continuar con una acusación “sin sustento jurídico y contraria a la Constitución”.

El llamado ‘caso cócteles’ se abrió contra Fujimori y otros dirigentes de Fuerza Popular por la presunta financiación irregular de sus campañas electoral de 2011 y 2016 con dinero de empresas privadas, que la agrupación política explicó como procedente de una serie de ‘cócteles’ en los que participaron simpatizantes.

Entre los supuestos aportantes irregulares a las campañas de Fujimori estuvieron la empresa brasileña Odebrecht y varios conglomerados económicos peruanos, lo que llevó a la Fiscalía a considerar que se había conformado una organización criminal, por lo que también se debía ordenar la disolución del partido.

El pasado 2 de julio, el equipo fiscal del caso Lava Jato presentó una nueva acusación penal y elevó a 35 años el pedido de prisión para Keiko Fujimori, después de que el juicio oral en el que solicitaba 30 años fuera anulado en abril y el proceso retornara a la etapa de acusación.