El reciente operativo realizado por la Policía Nacional del Perú (PNP) en la ciudad de Sullana, en la región Piura, trajo como consecuencia la detención del ex fiscal anticorrupció José Antonio Hernández Martínez, quien actualmente enfrenta graves acusaciones sobre sus supuestos vínculos con la banda criminal “Los Sanguinarios del Norte”.
De acuerdo con información proporcionada por RPP Noticias, las autoridades sostienen que Hernández Martínez formaba parte de esta organización dedicada a actividades ilícitas como homicidios, robos y extorsiones en obras de construcción civil.
La operación, desarrollada durante el fin de semana, se concentró en la avenida Champagnat y concluyó con la captura no solo del exfuncionario, sino de otros presuntos integrantes del grupo.
Según lo comunicado por el general PNP Manuel Farías, jefe de la región policial de Piura, durante este despliegue policial también se produjo el arresto de Julio Carrasco Castillo (alias “Julito”), Carlos Ortiz Ato (“Calitos”), Anderson de la Cruz Sales (“Kener”) y Julio Infante Zapata (“Sambo”), todos señalados por su presunta participación activa en la organización.
Entre los elementos incautados se encuentran una granada de guerra tipo piña, tres artefactos explosivos de dinamita, veintitrés municiones de distintos calibres, un vehículo y varios apuntes con números de cuentas bancarias presuntamente relacionadas con cobros extorsivos. Estas pruebas ahora forman parte clave del proceso de investigación.
La estructura jerárquica de Los Sanguinarios del Norte está bajo análisis por parte de la PNP. Julio Carrasco Castillo, alias ‘Julito’, ha sido identificado según la investigación como el brazo derecho de ‘Augusto’, el presunto cabecilla de la organización.
Violencia criminal
Este grupo es uno de los más investigados en la provincia por la magnitud y la violencia de los delitos que se les atribuyen. Los operativos buscan frenar las acciones criminales y desarticular los caminos de financiamiento ilegal que han permitido a la banda operar en Sullana y zonas aledañas.
En paralelo con estos hechos en el norte del país, la violencia contra fiscales en ejercicio se mantiene como una amenaza latente.
Se informó que en la región de Áncash fueron identificados los presuntos responsables de amenazas de muerte contra la fiscal especializada en materia ambiental del Santa, Evelyn Lamadrid Vences.
La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo del Santa y Áncash apuntó que los presuntos implicados serían dos hombres vinculados al sector pesquero local.
La fiscal Lamadrid denunció a inicios de este mes de octubre haber recibido mensajes intimidatorios vía WhatsApp, con advertencias sobre su seguridad personal y la de su familia. Citaron: “que no meta donde no debe” y amenazas con el conocimiento de sus desplazamientos.
Estas comunicaciones estaban firmadas por el grupo autodenominado ‘Los Empresarios’. El Ministerio Público declaró que la investigación permanece en curso y el proceso se mantiene bajo estricta reserva para proteger a la agraviada y salvaguardar la integridad de la pesquisa.
No es un hecho aislado
El caso de Evelyn Lamadrid no representa un hecho aislado. En 2019, la misma fiscal también resultó ser víctima de intimidaciones atribuidas a mineros informales, situación que evidencia el entorno de riesgo que enfrentan algunos funcionarios judiciales en regiones donde bandas criminales y actividades ilícitas buscan evadir la acción de la justicia.
Se añade que las instancias fiscales regionales y supraprovinciales han intensificado el monitoreo para prevenir nuevos incidentes y reforzar la protección a quienes lideran investigaciones sensibles.
La detención del ex fiscal Hernández Martínez y la identificación de amenazas contra miembros del Ministerio Público en diversas regiones han puesto nuevamente en agenda la preocupación por la seguridad institucional y la creciente influencia de bandas criminales en el país.
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