Juan José Santiváñez sostuvo que vacancia de la expresidenta Dina Boluarte “nos dejó a todos un sinsabor”

El exministro del Interior y Justicia, Juan José Santiváñez, abordó su papel en el gobierno de Dina Boluarte, su candidatura política y su posición sobre temas de seguridad y procesos judiciales en una entrevista en RPP Noticias. El abogado reconoció el impacto de la destitución de la expresidenta. “Creo que a todos los que hemos trabajado al lado de la señora presidenta nos dejó un sinsabor,” señaló.

El exministro aseguró que Boluarte mostró “una muestra de hidalguía democrática al no generar ningún tipo de conflicto ni tampoco… acción que pretendiera impedir el proceso” tras la decisión legislativa de sacarla del gobierno a menos de un año de las Elecciones 2026.

Santiváñez subrayó que “penosamente creo que este tema de la vacancia siempre termina siendo un instrumento muchas veces mal utilizado”, y advirtió que el proceso estuvo rodeado de cuestionamientos jurídicos, exponiendo que “la vacancia, al menos en esta oportunidad, tal como estaba configurada, tenía varios cuestionamientos que podían discutirse.”

Para el exfuncionario, el concepto de “debido proceso” resulta clave. Destacó que, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC), debe existir un “plazo razonable para armar una defensa” y reconoció que, probablemente, “el camino pudo haber sido otro”, aunque remarcó que el país ya se encuentra en una fase de transición política.

“Estamos en un gobierno de transición, próximos a unas elecciones. Lo que tenemos que hacer es caminar viendo hacia el futuro y sobre todo esperanzados en un nuevo gobierno que al menos nos traiga oportunidades y desafíos.” El exministro sugirió que la prioridad está en encaminar el país hacia la estabilidad institucional.

Sobre su proceso de postulación política, el exministro aclaró detalles que han generado debate. Negó haber decidido ser candidato cuando formaba parte del gabinete, afirmando que las conversaciones con partidos como Alianza para el Progreso (APP) y otros eran informales y no habían pasado de encuentros casuales. “Cuando recibo la invitación de la señora presidenta para asumir el Ministerio de Justicia, no había tomado ninguna decisión al respecto,” explicó. Añadió que la decisión definitiva para postular la tomó en su hogar, en diálogo con su esposa, horas antes de renunciar al cargo ministerial.

Abordó las críticas en torno a las “pintas” (propaganda política) asociadas a su nombre y descartó haberlas promovido. Santiváñez también detalló el respaldo que ha recibido de organizaciones como FEDERPOL, "que es el colectivo más grande de la Policía Nacional, con más de uno punto dos millones de seguidores, se ha sumado a mi campaña”. 

Sostuvo que la renuncia y el anuncio de su candidatura fueron decisiones personales comunicadas oportunamente a la entonces presidenta, quien aceptó su dimisión.

Un pasaje de la entrevista abordó la actuación policial y la responsabilidad en manifestaciones del 15 de octubre. En defensa del suboficial Luis Magallanes, Santiváñez recalcó que existen pruebas videográficas que muestran la naturaleza de los enfrentamientos. 

“Lo que está acreditado es que el efectivo Magallanes no tuvo ninguna intencionalidad de generar la muerte de ninguna persona.” Indicó que las autoridades deberán determinar si existió un homicidio culposo, pero resaltó la obligación estatal de proteger “la integridad del policía”.

Consultado sobre el caso del conocido Capitán Culebra, el exministro criticó la validez de la prueba pericial utilizada: “Dani Umpire, que ha hecho el manual de peritaje del Ministerio Público… ha dicho que ese peritaje es ilegal, que la supuesta fuente… es ilegítima. Los resultados, por tanto, son ilegítimos.” Añadió que una figura procesal como la convalidación de actos irregulares puede verse comprometida si los implicados asisten al proceso y no cuestionan la validez de las pruebas.

En relación a la salida de la procuradora y las presuntas presiones de figuras políticas como Rafael López Aliaga, Santiváñez negó tajantemente cualquier intervención. Definió el proceso de cese como una atribución del Consejo General de Justicia, señalando que el ministro “no cesa a ningún procurador” y que la Procuraduría General tiene autonomía funcional real, incluso para denunciar al ministro o al presidente.

Sobre la campaña electoral que impulsa actualmente, Santiváñez detalló que su agenda recorre ciudades clave del sur, como Tacna, Arequipa, Moquegua e Ilo, con encuentros dirigidos a la familia policial y militar. “Estamos partiendo una campaña en donde estamos ofreciendo lo que consideramos justo: el pago de gratificaciones de julio y diciembre a sueldo completo. Como todos los funcionarios públicos,” precisó, detallando que la medida se dirigirá tanto a personal en actividad como en retiro, incluyendo policías y militares. Remarcó que el alcance de la campaña será a nivel nacional y que no descarta visitar Puno como otros departamentos.