Congresista Lucinda Vásquez usó a sus trabajadores a realizarle pedicura y cocinarle en horas de trabajo

La congresista Lucinda Vásquez, representante de San Martín e integrante de la bancada Juntos por el Perú, usó a uno de sus trabajadores a hacerle una pedicura durante el horario laboral, según una imagen difundida por el dominical Cuarto Poder.

En la fotografía compartida por el programa de América TV, se observa al empleado Edwar Rengifo —familiar de la parlamentaria— realizándole el servicio mientras ella utilizaba su teléfono móvil en la oficina 103 del edificio Juan Santos Atahualpa.

El programa también señaló que otro sus trabajadores, el asesor II Willer Sajami, acudió al domicilio de Vásquez para realizar tareas domésticas, entre ellas la preparación de su desayuno en días y horas de trabajo. Las imágenes corresponden al 6 de noviembre de 2022 y enero de 2023.

Al ser consultada sobre el caso, la parlamentaria reaccionó con molestia. “Déjenme caminar, por favor, yo no obligo a nadie. Tampoco es voluntario, pregúntenme qué leyes hace la congresista”, dijo.

El asesor implicado no ofreció declaraciones al medio, aunque el reportero intentó obtener su versión de los hechos reiteradas veces. Especialistas consultados por el dominical, como José Cevasco, exoficial mayor del Parlamento, señalaron que Vásquez incurrió en un uso abusivo de autoridad y que sus acciones podrían constituir peculado.

Este destape se suma a otros escándalos que han afectado la imagen del Parlamento, como el caso conocido como ‘mochasueldos’. En ese episodio, se documentaron situaciones en las que congresistas exigieron a sus empleados entregar parte de su salario para conservar sus puestos, una práctica que originó investigaciones tanto en la Comisión de Ética como en el Ministerio Público.

En mayo pasado, el mismo programa reveló que tres sobrinos de la legisladora laboraban en su oficina con sueldos de hasta S/ 7.200, pese a no contar con título universitario. Además, su hijo Marti Frans Villacorta se presenta como empleado del Congreso sin tener vínculo laboral formal.

Exasesores afirmaron haber entregado parte de sus sueldos a la congresista y a sus familiares con el pretexto de supuestos “préstamos personales”. Además, conversaciones de WhatsApp evidenciarían depósitos a cuentas asociadas a Vásquez y a personas de su entorno cercano.

Vásquez, también denunciada por interferir en el nombramiento de docentes, rechazó las acusaciones entre gritos y evasivas. En junio pasado, la Comisión de Ética aprobó, con 11 votos a favor y 2 abstenciones, el inicio de una investigación formal al considerar que existen elementos suficientes para determinar si vulneró las normas de ética parlamentaria.

Decenas de congresistas enfrentan, entre 2024 y 2025, denuncias e investigaciones por delitos cometidos durante su labor parlamentaria, que van desde recortes de sueldos hasta corrupción, tráfico de influencias y favorecimientos legislativos personales. La magnitud de los procesos evidencia preocupaciones crecientes sobre la ética y la legalidad dentro del Congreso de la República.

Uno de los esquemas más frecuentes es el denominado caso “mochasueldos”, referente a denuncias sobre el recorte de salarios a asistentes y trabajadores parlamentarios para beneficio directo de los congresistas. Entre los implicados en este mecanismo figuran María Acuña, Marleny Portero, Jorge Flores Ancachi, Raúl Doroteo, Heidy Juárez, Edgar Tello y José Arriola, quienes, conforme las investigaciones, habrían solicitado parte del sueldo de sus empleados como condición para mantener sus puestos de trabajo.

Otra investigación relevante, bautizada como “Los Niños”, involucra principalmente a legisladores de la bancada de Acción Popular. Estas pesquisas sostienen que un segmento importante de los congresistas habría negociado votos en el pleno del Congreso a cambio de favores y beneficios del Ejecutivo bajo el gobierno de Pedro Castillo. Si bien la lista de investigados ha variado con los avances fiscales, el escándalo colocó bajo la lupa la relación entre el Parlamento y el poder político.

En el caso de Patricia Benavides, la exfiscal de la Nación, catorce congresistas se han visto involucrados. Los nombres de Patricia Chirinos, Martha Moyano y Alejandro Soto destacan entre los investigados por su posible vinculación a un presunto grupo criminal que, según la Fiscalía, habría actuado bajo el liderazgo de Benavides para influir y orientar procesos judiciales y legislativos.

Por tráfico de influencias, el Ministerio Público ha puesto en marcha una indagación sobre Waldemar Cerrón de la bancada Perú Libre, quien, de acuerdo a los reportes, habría intervenido para favorecer intereses privados utilizando su posición de congresista.

El manejo de pensiones también ha sido objeto de controversia. En enero de 2025, la Fiscalía denunció a once congresistas tras promulgar una ley que eliminó los topes a las pensiones para oficiales retirados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La investigación sostiene que estos legisladores se beneficiaron directamente de la norma, dado que simultáneamente ejercen funciones congresales y perciben la pensión elevada sin límite.

Durante 2024, Roselli Amuruz de Avanza País fue sindicada por haber realizado presuntas contrataciones irregulares de personas con vínculos personales en el Parlamento. De acuerdo con los informes del Ministerio Público, varias de las personas incorporadas a su despacho estarían vinculadas sentimentalmente a su entorno cercano.

En julio de 2025, se conoció una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía contra 25 congresistas y el expresidente Pedro Castillo bajo la sospecha de integrar o favorecer a una organización criminal que funcionó en el aparato estatal para el desvío de recursos o favores políticos. Asimismo, ese mismo mes, Ilich López, César Revilla y José Jerí fueron investigados por supuestamente manipular el pleno congresal para alterar la composición de directorios en las Cajas Municipales.

Entre 2024 y septiembre de 2025, el Ministerio Público presentó al menos 29 denuncias constitucionales contra 39 congresistas. Un informe de la Fiscalía de mayo de 2024 reveló que 67 de los 130 miembros del Congreso estaban bajo investigación criminal activa en ese momento. A pesar de esta elevada cifra de indagados, la impunidad sigue siendo la regla.