Organizaciones denuncian “retroceso histórico” tras eliminación de la Comisión de Pueblos en el nuevo Congreso bicameral

El Pleno del Congreso de la República aprobó el 23 de octubre los reglamentos del nuevo Congreso bicameral, que regirá desde el 2026, eliminando la actual Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, un espacio esencial para el tratamiento de temas vinculados a los derechos indígenas, la protección ambiental y la diversidad cultural.

La decisión se adoptó con la aprobación de las resoluciones legislativas que establecen el funcionamiento de la Cámara de Diputados y el Senado, en el marco de la implementación del nuevo sistema bicameral. Según el reglamento, el número de comisiones ordinarias se reducirá de 24 a 18, con el objetivo, según el documento, de “optimizar la participación parlamentaria y evitar duplicidades”.

Sin embargo, organizaciones sociales, colectivos ambientales y representantes indígenas advirtieron que esta medida constituye un “retroceso histórico” en la representación de los pueblos y en la agenda ambiental del país.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) fue una de las primeras instituciones en pronunciarse tras la aprobación del reglamento, señalando que la eliminación de la comisión silencia las voces de las comunidades y debilita la democracia representativa.

“El Congreso da la espalda a quienes sostienen la vida y la cultura. Eliminar esta comisión profundiza la exclusión y silencia al país diverso que dice representar”, expresó la CNDDHH en un comunicado.

Por su parte, el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) recordó que el retorno a la bicameralidad “no puede significar menos representación”. “La eliminación pone en riesgo la voz de quienes defienden la Amazonía y los derechos indígenas”, advirtió la institución el pasado 7 de octubre, cuando ya se debatía la propuesta.

Desde el Congreso, la parlamentaria Silvana Robles, presidenta del órgano, también criticó la medida, calificándola de “decisión política inaceptable”. “Entre las múltiples deficiencias de los nuevos reglamentos, se omite la existencia de la Comisión de Pueblos, en claro desprecio por un trabajo especializado en favor de nuestros pueblos indígenas y originarios”, escribió en sus redes sociales.

Antes de la aprobación del reglamento, la propia Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología había emitido un pronunciamiento el 30 de septiembre, rechazando su exclusión del texto final. En esa sesión, presidida por el congresista Germán Tacuri, se advirtió que la omisión “desconoce el proceso histórico de más de dos décadas” que consolidó su existencia y funciones.

El documento aprobado por la comisión advertía que la exclusión afectará la coordinación con instituciones como el Ministerio de Cultura, el Viceministerio de Interculturalidad y el Ministerio del Ambiente.

Durante esa sesión, los representantes de comunidades del Lote 8, en la Amazonía, participaron para exigir el cumplimiento de los acuerdos en salud y medio ambiente, lo que reflejó el rol activo de esta comisión como espacio de diálogo entre el Estado y las poblaciones afectadas por actividades extractivas.

El Reglamento de la Cámara de Diputados, aprobado con 75 votos a favor, 17 en contra y 5 abstenciones, dispone la creación de una nueva Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que asume únicamente parte de las funciones de la comisión eliminada.

Según el texto oficial, esta modificación “no implica dejar sectores suprimidos o invisibilizados”, sino una reagrupación por afinidad temática. No obstante, la nueva estructura no contempla los temas vinculados a pueblos indígenas, afroperuanos ni diversidad cultural, lo que significa la desaparición formal de un espacio dedicado a los derechos colectivos.

El reglamento justifica la existencia de la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad como una “necesidad institucional” para atender los compromisos internacionales del Perú en materia de cambio climático, biodiversidad y desarrollo sostenible, en la línea de los tratados del Acuerdo de París y el de Escazú.

La eliminación de la Comisión de Pueblos ocurre en un momento de creciente conflictividad socioambiental en regiones andinas y amazónicas, donde comunidades denuncian contaminación, despojo de tierras y falta de consulta previa en proyectos extractivos.

Para la CNDDHH y el CAAAP, esta decisión reduce los canales de diálogo institucional entre el Estado y las comunidades, debilita la fiscalización ambiental y pone en riesgo la participación de los pueblos indígenas en las políticas públicas.

“El medio ambiente no puede ser tratado sin las voces de quienes lo protegen (...) Significa invisibilizar a los defensores del territorio”, señaló la CNDDHH.

En contraste, desde la Comisión de Constitución se defendió el rediseño argumentando que “la reducción de comisiones busca fortalecer la especialización parlamentaria y mejorar la eficiencia del trabajo legislativo”, una posición que no ha logrado calmar las críticas.