Huancavelica, símbolo de negligencia: Comunidades envenenadas por la minería exigen prioridad ambiental en Elecciones 2026

La crisis ambiental en Huancavelica y otras regiones del país busca colocarse en el centro del debate público, denunciando la falta de apoyo estatal a las comunidades afectadas por la contaminación minera. Representantes de 25 regiones que participaron en la Audiencia Nacional ‘La Ruta de los Pueblos’ exigen que la agenda electoral de 2026 priorice la protección ambiental y la atención a estas poblaciones.

En Huancavelica, miles de personas conviven con suelos y fuentes de agua contaminados por metales pesados, una problemática histórica que, según denuncian, aún no encuentra una respuesta efectiva del Estado.

Durante la Audiencia, la Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales, Metaloides y Otras Sustancias Químicas —coordinada por Elsa Benavente— presentó la magnitud de esta emergencia socioambiental. Su objetivo, explicó a Infobae Perú, es visibilizar la desatención estatal y exigir que los candidatos asuman compromisos claros en materia ambiental y de salud pública.

Con esta articulación, las comunidades no solo reclaman medidas urgentes, sino que buscan construir políticas que garanticen, de manera sostenida, el bienestar de quienes viven en territorios impactados por la actividad minera.

El caso de Huancavelica evidencia la gravedad de la contaminación minera en el país. La histórica mina Santa Bárbara, activa desde la época colonial durante más de dos siglos y hoy considerada un sitio turístico e histórico, dejó suelos y fuentes de agua con altos niveles de mercurio, arsénico y plomo. Este lugar, símbolo de la explotación colonial, representa una parte dolorosa pero significativa de la historia peruana.

Según explicó Benavente a este medio, en la ciudad de Huancavelica y el distrito de Ascensión se registran concentraciones que, en algunos puntos, superan en más de 100.000 % los límites máximos permisibles. Estos datos han sido confirmados por el OEFA, DIGESA y otras áreas del Ministerio de Salud.

La contaminación afecta sobre todo a familias de bajos recursos que viven en viviendas de adobe construidas con tierra contaminada. Hasta el censo de 2017 se identificaron 3.506 casas en Huancavelica y Ascensión con paredes y pisos sin recubrimiento, habitadas por personas en situación de vulnerabilidad. Benavente estima que más de 17.000 habitantes viven expuestos, cifra que podría ser mayor considerando otros predios y espacios públicos.

El riesgo también alcanza a escuelas de todos los niveles, donde patios de tierra expuesta ponen en peligro diariamente la salud de niños y adolescentes.

En diciembre de 2023, un fallo judicial histórico ordenó al Gobierno Regional de Huancavelica, la Municipalidad Provincial, la Presidencia del Consejo de Ministros y a los ministerios de Energía y Minas, Salud, Ambiente y Vivienda implementar acciones de remediación. Sin embargo, la coordinadora de la plataforma nacional denunció que, pese a la contundencia de las pruebas y a la obligación legal, las entidades estatales no han cumplido con lo dispuesto.

Tampoco la declaratoria de emergencia ambiental de 2024, que dio 90 días para atender la crisis, ha generado avances significativos. “Se han actualizado los datos, pero los niveles de contaminación siguen siendo los mismos”, afirmó Benavente.

El impacto de la contaminación minera se refleja en la salud y la vida cotidiana de la población. Benavente relató que la exposición al mercurio, arsénico y plomo ha provocado enfermedades neurológicas, convulsiones y casos de cáncer, especialmente entre los niños.

Muchas escuelas continúan con patios de tierra contaminada, y el agua de consumo humano, proveniente en su mayoría de fuentes subterráneas, presenta niveles de arsénico que superan hasta en 2.000% los estándares permitidos.

Los pasivos ambientales, identificados por el Ministerio de Energía y Minas, representan un riesgo muy alto para la salud, pero la información sobre su ubicación y peligrosidad no siempre se comunica de manera transparente a la población, advierte Benavente.

Frente a este panorama, los afectados exigen el cumplimiento del Plan Especial Multisectorial de Atención Integral a las Personas Expuestas a Metales, Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas (PEM), aprobado en 2021 mediante el decreto supremo 037-2021. Aunque el plan asigna responsabilidades a varios ministerios y gobiernos regionales, su implementación avanza con lentitud.

Las organizaciones sociales también reclaman la protección efectiva de las cabeceras de cuenca, tal como establece la Ley de Recursos Hídricos, y que estos compromisos se incluyan en los acuerdos de gobernabilidad que los candidatos deberán firmar antes de las elecciones de 2026.

La expectativa de los afectados es clara: que la agenda ambiental deje de postergarse y que las autoridades asuman la responsabilidad de reparar los daños ocasionados por siglos de actividad minera. Para quienes viven en Huancavelica y otras regiones impactadas, la persistencia de la contaminación representa una deuda social que el país aún no ha saldado.