
En el sur de Perú se reporta un aumento del 18% en casos de extorsión en Arequipa en comparación al 2024, lo que evidencia un impacto creciente de este delito en la región, según estimaciones de autoridades locales. La preocupación se concentra en el repunte de denuncias y episodios vinculados a la criminalidad organizada, que ponen a la ciudadanía y a las instituciones de seguridad en un escenario más tenso.
El secretario técnico del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), el coronel en retiro José Miguel Briones Silva, atribuyó este incremento tanto a la disposición de la población para reportar los hechos como a una auténtica escalada de extorsiones. “Este crecimiento de las extorsiones acá en Arequipa se debe a dos cosas: la gente ya denuncia los casos de extorsión y el crecimiento de casos de extorsión”, declaró Briones Silva al analizar la evolución de los registros en la región.
La situación ha puesto de relieve las limitaciones de los recursos asignados a la lucha contra el crimen organizado. El coronel en retiro puntualizó que la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI) y la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIRIN) destinan su presupuesto prioritariamente a labores de inteligencia estratégica y política, dejando a las divisiones dedicadas a la investigación criminal en un puesto secundario dentro de la estructura de seguridad. “El fortalecimiento que se necesita es casualmente al otro lado, a la División de Investigación Criminal, porque los que están en la pampa o en la calle aplicando la información, no tienen absolutamente nada”, remarcó el funcionario.

Arequipa enfrenta este escenario de incremento en extorsiones en un contexto nacional donde este delito se asocia con el avance de bandas delictivas que buscan nuevas zonas de operación fuera del eje delictivo de Lima. El fenómeno genera presiones adicionales sobre las instituciones encargadas de la seguridad y motiva llamados a un replanteamiento en la asignación de recursos y la coordinación entre los distintos niveles de inteligencia e investigación policial.
Briones Silva enfatizó que la respuesta efectiva frente a la criminalidad organizada demanda un fortalecimiento directo de las unidades responsables de la investigación en campo, aspecto que hasta ahora no ha sido cubierto con los recursos y equipamiento necesarios. El efecto inmediato de esta carencia se traduce en una capacidad de respuesta limitada ante la sofisticación de los grupos delictivos que operan no solo en Arequipa, sino también en otras regiones del sur del país.
El aumento de denuncias y la visibilidad del fenómeno colocan sobre la agenda pública la urgencia de respuestas integrales que incluyan mejoras presupuestales y mayor articulación entre organismos especializados en inteligencia y aquellas divisiones encargadas de la labor operativa en el territorio.

Denuncias 2025
En Perú se registraron 18.385 denuncias por extorsión entre enero y agosto de 2025, de acuerdo con datos del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) de la Policía Nacional. Este monto representa un aumento del 29,3% respecto al año 2024, cuando se reportaron 14.224 casos. El ritmo delictivo equivale a una denuncia cada 19 minutos, o 75 cada día, durante los primeros ocho meses del año.
Lima Metropolitana y Callao concentran el mayor crecimiento. La capital tuvo un incremento de 56,6% en denuncias, pasando de 4.906 a 7.683 casos. En Callao, los reportes subieron 48,1%, llegando a 631 denuncias. Piura mostró una variación de 55,4%, ascenso observado también en regiones como Áncash y Arequipa.
En contraste, algunos departamentos como Cajamarca, Amazonas, Huancavelica y Ucayali registraron descensos en el número de denuncias. Entre los aumentos más pronunciados destacan Madre de Dios, con un crecimiento del 155,2%, y Tumbes, donde las denuncias casi se duplicaron. La problemática, que antes se centraba en Lima, se ha expandido a distintas regiones, configurando un panorama nacional de inseguridad y expansión de la extorsión.
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