Extorsión llega a colegios nacionales: ahora piden dinero a padres para no atentar contra sus hijos

Una ola de extorsiones afecta a escuelas públicas de Lima, donde padres denuncian amenazas directas contra sus hijos si no pagan cupos exigidos por presuntos delincuentes. La alerta más reciente se registró esta semana en el colegio nacional José Carlos Mariátegui 152, ubicado en San Juan de Lurigancho, donde al menos cinco familias recibieron mensajes intimidatorios.

La comunidad escolar del José Carlos Mariátegui 152 enfrenta preocupación y temor luego de que varios padres reportaron la recepción de amenazas por mensajes de WhatsApp. En esos mensajes, los criminales advirtieron que, de no realizar el pago de una suma exigida, podrían atacar el plantel y atentar contra los alumnos. Uno de los textos enviados por los extorsionadores decía: “O usted verá si paga la multa o vamos por su familia”.

Más de mil estudiantes asisten al colegio en dos turnos diarios, según declaraciones de los propios padres. A pesar de la gravedad de la situación, la dirección informó a través de una reunión con las familias que las clases presenciales continuarían por decisión de la institución, pues hasta el momento no han recibido una disposición oficial de la UGEL 05 (Unidad de Gestión Educativa Local 05).

La tensión creció en los alrededores del colegio cuando se constató que no había presencia policial, a pesar de que la zona permanece bajo estado de emergencia. Los padres se reunieron a las puertas de la escuela, exigiendo acciones inmediatas de las autoridades educativas y del Ministerio del Interior, para resguardar la seguridad de los estudiantes.

Una madre relató que trasladó a sus hijos de un colegio privado, donde ya había experimentado casos similares de extorsión, hacia el plantel nacional confiando en que la situación mejoraría. “No hay seguridad ni confianza en el colegio; queremos protección para los niños”, expresó la madre visiblemente afectada.

La situación no es aislada. Otros dos centros educativos privados ubicados en el mismo sector, también sufrieron intentos de extorsión según vecinos y padres consultados. La preocupación se incrementa ante la constatación de deficiencias estructurales y falta de vigilancia en los establecimientos, señalando carencia de cámaras de seguridad, iluminación y mantenimiento adecuado en los colegios.

El temor de los padres se traduce en la reticencia a enviar a sus hijos a clases, así como angustia por la falta de respuesta efectiva de las autoridades. “Nos sentimos inseguros de dejar a nuestros hijos, porque han amenazado con lanzar una bomba y hay niños en riesgo”, advirtieron algunas madres a las afueras de la escuela. La misma preocupación afecta a los docentes, quienes también solicitaron garantías para el desarrollo de su trabajo.

Los padres reclamaron la urgente presencia de representantes de la UGEL 05 y una acción coordinada del Ministerio de Educación y las fuerzas del orden. Denunciaron que el colegio presenta un estado de abandono, con ventanas rotas, salones sin luz y sistemas de vigilancia inexistentes, factores que aumentan la vulnerabilidad de la comunidad escolar frente a grupos delictivos.

Hasta el cierre de la jornada escolar, los padres habían recibido únicamente respuestas administrativas, sin garantías de seguridad concretas para las próximas fechas. Mientras la atención pública crece, la continuidad de las actividades escolares depende de la intervención de las autoridades educativas y policiales que aún no se han hecho presentes en la zona.