Allanan Municipalidad y vivienda del alcalde de La Mar que lideraría una presunta red criminal en Ayacucho y Lima

La Fiscalía y la Policía Anticorrupción allanaron 17 inmuebles por una investigación de colusión agravada que involucra al burgomaestre Edwin Navarro Torres y funcionarios municipales

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Diecisiete allanamientos simultáneos, incluidos la Municipalidad y la vivienda del alcalde de La Mar, Ayacucho, fueron ejecutados por la Dirocor. | Exitosa Noticias

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho junto con la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional (Dircocor PNP), ejecutó un operativo simultáneo en diecisiete inmuebles vinculados a una presunta red criminal que habría operado dentro de la Municipalidad Provincial de La Mar, en la región Ayacucho.

Entre los lugares intervenidos se encuentran la sede municipal y la vivienda del alcalde Edwin Bladimir Navarro Torres, quien, según la tesis fiscal, habría encabezado la organización junto con un grupo de funcionarios y empresarios locales. El operativo fue autorizado por el Poder Judicial como parte de una investigación por colusión agravada y se desarrolló de forma coordinada entre la PNP y la Fiscalía Anticorrupción.

En total, las contrataciones irregulares
En total, las contrataciones irregulares identificadas superan los S/ 10 millones. (Andina)

Una presunta red criminal de funcionarios públicos

Las primeras diligencias del Ministerio Público indican que la presunta red criminal, denominada “Los Camineros del Poder”, habría operado entre 2024 y 2025 manipulando procesos de contratación pública. El grupo habría direccionado obras para beneficiar a empresas previamente concertadas.

Las indagaciones señalan que la organización estaría integrada por funcionarios y allegados al alcalde. Entre ellos figuran Edwin Cárdenas Márquez, presidente del Comité de Selección; Demetrio Vargas Pérez, gerente de Infraestructura; Marco Antonio Piñas Claris, integrante del comité; Eduardo Palomino Vargas, exgerente municipal y presunto operador político; Mardonia Castillo Paqui, pareja del alcalde e intermediaria; y Edgar Lagos Pérez, empresario identificado como supuesto operador económico.

Contratos superarían los 10 millones de soles

De acuerdo con la información fiscal, varias de las obras adjudicadas superan el millón de soles y habrían sido otorgadas a consorcios locales mediante licitaciones amañadas. Entre ellas destacan el mantenimiento de caminos rurales en Anchihuay, valorizado en S/ 1.127.775, y el mejoramiento del servicio educativo de la institución Enrique Molina – Cochas, por S/ 4.3 millones.

(Andina)
(Andina)

En conjunto, los contratos bajo sospecha superan los S/ 10 millones, aunque la Fiscalía estima que el perjuicio total podría alcanzar los S/ 13 millones. Las obras fueron adjudicadas a diferentes consorcios y empresas de la zona que, según la investigación, habrían participado de forma concertada para repartirse los proyectos municipales.

Un caso emblemático de corrupción en Ayacucho

El operativo, desarrollado en la madrugada del jueves 23 de octubre, incluyó allanamientos en trece inmuebles de Ayacucho y dos en Lima. Durante la intervención, los agentes de la Dircocor y representantes del Ministerio Público incautaron documentos, computadoras y registros contables vinculados a los procesos de contratación investigados.

La Fiscalía Anticorrupción precisó que las diligencias continuarán en los próximos días para identificar el destino de los fondos públicos y determinar las responsabilidades penales. De confirmarse los hechos, el caso podría convertirse en uno de los más significativos de corrupción municipal en Ayacucho, por la magnitud del dinero comprometido y la presunta participación directa de una autoridad en funciones.

(Andina)
(Andina)

Según fuentes del caso, la red habría actuado de manera sistemática, utilizando mecanismos administrativos para justificar los pagos y aparentar legalidad en los contratos. En varios expedientes se detectaron inconsistencias en los valores referenciales, informes técnicos duplicados y firmas presuntamente falsificadas.