La situación del suboficial Luis Magallanes no solo ha evidenciado el abuso de la represión policial durante las protestas, sino que ha expuesto una realidad preocupante: muchos agentes no confían en que el Estado los defenderá adecuadamente cuando enfrentan procesos judiciales.
Su abogado, Stefano Miranda, reveló que la defensa del policía no fue asumida por el Estado, sino por una entidad privada contratada previamente. Aunque existe una Defensoría del Policía financiada por el Estado, Miranda explicó que Magallanes no recurrió a ella.
“Ha habido comunicación con nosotros y con la Defensoría del Policía, pero la defensa legal, como vuelvo a repetir, desde el día uno, ha sido de la Cámara Legal Educativa”, afirmó.
Esto revela una crisis institucional: los policías sienten que el respaldo estatal no es suficiente ni eficiente. “En la norma está previsto que sí lo tiene. Existe una Defensoría del Policía, pero que el policía desee o acepte este tipo de defensas es una decisión propia. Pero en el caso de Magallanes, él ha decidido que la defensa que se ejerza desde el día uno sea particular, a través de nosotros”, afirmó el abogado.

Miranda detalló que la Cámara Legal Educativa es un seguro privado al que “más de siete mil quinientos policías” están afiliados, pagando “treinta y nueve soles mensuales”. Muchos lo eligen, dijo, porque “no encuentran en su Defensoría del Policía una defensa eficaz, eficiente y, sobre todo, profesional”.
Actualmente, el suboficial Magallanes se encuentra recuperándose en el Hospital de la Policía. Aunque, el proceso por la muerte de Eduardo Ruíz continúa, pasó a estar a cargo de una Fiscalía penal común, tal como lo solicitó el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

Caso ‘Truko’ e implicación de Luis Magallanes
El general Óscar Arriola declaró públicamente que la muerte de Eduardo Ruíz, popularmente conocido como ‘Truko’, fue responsabilidad del suboficial de la División de Secuestros de la PNP, Luis Magallanes. Incluso, pidió perdón a nombre de la institución cuando dio estas declaraciones.
A más de una semana de la lamentable muerte de Eduardo, Arriola cambió completamente su discurso y calificó a Magallanes como un héroe. Además, justificó que haya usado su arma de fuego contra civiles desarmados, señalándolo como un acto de defensa personal.
Sin embargo, este caso deja varias interrogantes y evidencia el mal manejo de los altos mandos de la PNP en la estrategia para contener las manifestaciones.
Magallanes era un oficial de la División de Secuestros, a quien le informaron, solo unas horas antes de la marcha, que debía acudir a realizar labores de inteligencia. Aunque en el documento con las indicaciones —que después circuló por medios— se especificaba claramente que no debía portar armas, Magallanes señaló que “no se acuerda” de este punto.

Él fue vinculado al caso ‘Truko’ debido a que admitió haber disparado su arma; sin embargo, aseguró que lo hizo hacia el suelo, como un acto de defensa, cuando se vio acorralado por un grupo de manifestantes.
Según denunció su abogado, el arma del suboficial fue robada, por lo que, sin las pericias de ley correspondientes, no se le debió acusar por la muerte del joven padre de familia de 32 años.

Lo cierto es que esta situación ha enlutado a una familia y dejó a otra en completa incertidumbre, mientras los altos mandos que ordenaron y armaron el plan operativo no están enfrentando consecuencias inmediatas.
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