El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, se pronunció sobre una posible derogación de las leyes conocidas como ‘pro crimen’ y afirmó que, en estos casos, cada una deberá ser evaluada individualmente y que corresponderá al sector Justicia, liderado por Walter Martínez Laura, definir si el Ejecutivo apoyará esta decisión.
En conversación con RPP, Álvarez indicó que estas normas “tendrán que ser analizadas una a una. En ese grupo de esas ”leyes pro crimen" se ha colocado, por ejemplo, la posibilidad de que el policía haga uso de su arma y no sea detenido. Eso, por ejemplo, tiene que ser apoyado, porque en este momento las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales tienen que ser protegidas (...) el gobierno en su conjunto tiene la prioridad de la lucha contra el crimen, que es el compromiso inmediato del señor presidente”.
Por otro lado, sobre las normas vinculadas al lavado de activos, el titular de la PCM reconoció la necesidad de un análisis más profundo y la calificó como “perfectible”. Reiteró que cada revisión dependerá del sector justicia y que el Ejecutivo mantendrá el foco sobre la lucha contra el crimen.
¿Cuáles son las llamadas ‘leyes pro crimen’?
El debate sobre las normas que afectan a la lucha contra el crimen gira en torno a las autógrafas señaladas por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Católica (PUCP) a inicios de febrero de este año, y la Asociación Civil Transparencia:
- Ley 31990: Colaboración eficaz
- Ley 32107: Crímenes de lesa humanidad
- Ley 32181: Eliminación de la detención preliminar
- Ley 31751: Recorte de plazos de prescripción
- Ley 32108: Nueva tipificación de crimen organizado
- Ley 32182: Sanciones a fiscales y jueces
Otras normas aumentan la preocupación. La Ley 31989 limita la incautación de materiales de minería ilegal, lo que, según Transparencia, facilita actividades ilícitas y representa un riesgo para la seguridad pública.
La Ley 32104 obliga a jueces a aplicar la Ley 31751, restringiendo su independencia. Además, la Ley 32130 fija en 18 meses la duración de medidas de comparecencia con restricciones, lo que puede dificultar casos de corrupción, y la Ley 32138 excluye delitos de corrupción privada del ámbito de crimen organizado.
Transparencia también alertó sobre el Proyecto de Ley 9597, que extiende el periodo de formalización de la minería artesanal y pequeña minería, lo que podría favorecer la informalidad y perpetuar la minería ilegal.
De acuerdo con Transparencia, estas leyes limitan las herramientas legales para perseguir delitos graves, generan condiciones de impunidad y debilitan la confianza en el sistema judicial.
Según la Asociación Civil, la aprobación de estas leyes provocó retrocesos en la institucionalidad democrática y el combate al crimen organizado, además que la imposición de plazos estrictos para la colaboración eficaz limita la capacidad de investigación en casos complejos para el Ministerio Público y puede derivar en impunidad.
Por su parte La Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP afirmó que el Ministerio Público ya había advertido sobre el impacto negativo de estas normas en la persecución del crimen y la justicia.
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