Gobierno de José Jerí no va a “evitar protestas” con el estado de emergencia en Lima y Callao, según premier

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, afirmó que el Gobierno de José Jerí busca un enfoque claro y diferenciado frente a estados de emergencia de anteriores gestiones, como la de Dina Boluarte.

“A diferencia de eventos anteriores, de estados de emergencia anteriores, el objetivo primordial no es tratar de ganar una imagen ante la población, ni siquiera de tratar de evitar protestas, sino esencialmente de comprometerse por una lucha contra el crimen”, sostuvo en diálogo con RPP.

También subrayó que los estados de excepción existen en el mundo desarrollado y tienen respaldo constitucional desde 1979. Explicó: “El estado de excepción, en sus dos vertientes, ha sido desarrollado en la Constitución del 79 y la Constitución del 93. Es un marco jurídico que permite a las fuerzas de seguridad actuar en momentos de emergencia, en momentos de urgencia”.

El premier expuso que la efectividad de la medida, vigente en dos de las jurisdicciones más pobladas del país, dependerá de la coordinación operativa y de inteligencia. Detalló que se han constituido comités de operaciones y de inteligencia, integrados por la Policía Nacional del Perú (PNP), la unidad de inteligencia financiera y las Fuerzas Armadas. Estas instancias, según Álvarez, permitirán actuar en lugares donde operan las bandas y donde existen rutas de dinero y armas.

“Es necesario tender el marco jurídico adecuado para que las fuerzas de seguridad intervengan esos lugares, para que intervengan esas cuentas, para que intervengan los teléfonos, sin los requerimientos que, que constitucionalmente son los adecuados en un momento de, de paz y tranquilidad”, explicó el jefe del Gabinete a RPP.

Según Álvarez, además de facilitar operaciones policiales e investigaciones de inteligencia, el Poder Ejecutivo contempla un paquete legislativo orientado a combatir la criminalidad y permitir la cooperación del sector bancario en la identificación de cuentas asociadas a delitos. “Así también una ley autorizativa para poder emitir decretos legislativos constituye un marco legal adecuado para esencialmente luchar contra la criminalidad y, por ejemplo, permitir que el sector bancario pueda ayudarnos a identificar las cuentas que sirven para el delito”, sostuvo.

El Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por treinta días, a partir del 22 de octubre. Esta medida fue adoptada tras la evaluación de informes presentados por la Policía Nacional del Perú, donde se evidenció un aumento de delitos graves, incluyendo homicidio, sicariato, extorsión y tráfico ilícito de drogas. El objetivo central de la declaración es enfrentar el deterioro del orden interno y contener el incremento de la violencia y criminalidad en ambas jurisdicciones.

Según el decreto publicado en el diario oficial El Peruano, la Policía Nacional conservará el control del orden interno, con respaldo de las Fuerzas Armadas. Este apoyo permitirá la coordinación de acciones orientadas a restablecer la paz pública. El documento resalta que la intervención se ejecutará bajo principios de proporcionalidad, legalidad y respeto pleno a los derechos fundamentales, alineándose con los marcos legales que rigen el uso de la fuerza y la protección de personas vulnerables.

El decreto dispone la restricción o suspensión de derechos fundamentales vinculados con la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de circulación. Con relación a actividades masivas de índole religiosa, cultural o deportiva, estas deberán contar con autorización previa de las autoridades. Las actividades que no sean masivas pueden realizarse sin necesidad de permiso especial, mientras persista el estado de emergencia.

La norma establece la creación de un Comité de Coordinación Operativa Unificada, liderado por el Comandante General de la Policía Nacional e integrado por representantes de las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, el Ministerio Público y autoridades regionales. Este comité será responsable de coordinar los operativos, elaborar protocolos multisectoriales y evaluar el impacto de las intervenciones. Durante la vigencia de la medida, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y los comités regionales y distritales permanecerán en sesión permanente.