Familiares de reos en penales en contra de las nuevas restricciones del Gobierno por el estado de emergencia

La reciente activación del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao ha traído consigo medidas más severas en los centros penitenciarios. Los cambios incluyen reducción de horarios de visita, interrupciones eléctricas y nuevas exigencias para el personal penitenciario, lo que ha generado rechazo entre los allegados de los internos.

Desde la entrada en vigor de este régimen, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha establecido que los reclusos clasificados en el sistema cerrado ordinario podrán recibir visitas de familiares únicamente una vez por semana.

Para quienes pertenecen al sistema cerrado especial, es decir, personas consideradas de alta peligrosidad por antecedentes de violencia o intentos de fuga, la visita se ha restringido a una vez cada 15 días. En ambos casos, solo pueden acceder familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad.

La decisión de limitar el ingreso ha producido malestar entre los parientes, quienes han expresado su descontento por la nueva frecuencia de visitas y las dificultades que implica para quienes llegan desde zonas lejanas.

“Son 15 días. Y ellos a veces no tienen comida”, apuntó una familiar de un reo ante las cámaras de Buenos días Perú de Panamericana Televisión. “¿Cómo vamos a saber si nuestra familia está viva, está bien, está muerta? Tantas cosas pueden suceder”, declaró una pariente de otro recluso.

Junto a las medidas sobre las visitas, el Ministerio de Justicia, encabezado por Walter Martínez, dispuso cortes de energía eléctrica en los pabellones, permitiendo solo luz básica y prohibiendo el uso de tomas para cargar cualquier clase de dispositivos electrónicos. Martínez subrayó que esta restricción busca controlar el uso de equipos que podrían facilitar delitos desde el interior de las cárceles.

Además, el decreto supremo emitido por el Gobierno comprende la aplicación de pruebas de confiabilidad con polígrafo para los trabajadores del INPE en la jurisdicción afectada.

“No solo el INPE es responsable de lo que está pasando en el país. Acá hay responsabilidades de altos mandos de la policía, las bandas criminales cuentan con operadores y quienes no adeudan nada no tienen por qué temer al control”, manifestó Julio César Burga, secretario del sindicato de la entidad, al citado medio de comunicación.

Las autoridades afirmaron que este paquete de medidas responde a la necesidad de fortalecer la seguridad en los establecimientos penitenciarios y evitar que personas privadas de libertad puedan mantener contacto con organizaciones criminales del exterior.

Durante este tiempo, ciertos derechos quedan suspendidos. Por ejemplo, la policía tiene potestad para detener a personas sin contar con orden judicial si hay sospecha de delito, además de ingresar a domicilios o establecimientos sin autorización judicial. Asimismo, cualquier reunión en espacios abiertos requiere permiso y la circulación puede restringirse en áreas o durante lapsos determinados.

La Policía Nacional mantiene la responsabilidad sobre el control del orden, pero trabaja en coordinación con las Fuerzas Armadas, que participan en rondas de vigilancia en calles, estaciones, paraderos y zonas declaradas de riesgo. También pueden intervenir vehículos y solicitar identificación a cualquier ciudadano, así como acceder a viviendas, efectuar capturas y confiscar armas, drogas o explosivos cuando corresponda.

Una disposición específica impide que dos adultos viajen juntos en motocicleta. Además, están previstos operativos dirigidos a extranjeros con permanencia irregular y acciones orientadas a desarticular redes ilegales de venta de celulares, drogas, armas y autopartes.