Congreso prioriza ley contra la extorsión y el sicariato en el transporte urbano con respaldo de gremios de Lima y Callao

El respaldo de los gremios de transporte urbano de Lima y Callao a la propuesta legislativa para combatir la extorsión y el sicariato en el sector marcó un punto de inflexión en la agenda parlamentaria. En una reunión con representantes de estas organizaciones, el primer vicepresidente y encargado de la Presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció que el dictamen aprobado por las Comisiones de Transportes y de Defensa Nacional será priorizado en la sesión del jueves. La intención es enfrentar directamente estos delitos que afectan al transporte público.

La iniciativa, que obtuvo apoyo unánime en una sesión conjunta de ambas comisiones, busca implementar medidas extraordinarias para proteger a las empresas de transporte público y de mercancías. Estos servicios son considerados esenciales para la economía y la movilidad de la sociedad. El dictamen, basado en el Proyecto de Ley N.° 12723/2025-CR, fue aprobado con 20 votos a favor, según el propio Congreso.

Entre sus principales disposiciones destaca la creación del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES). Este organismo, bajo responsabilidad del Ministerio del Interior y con la participación de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, coordinará acciones de prevención, respuesta y recuperación ante la criminalidad vinculada al sector transporte.

El dictamen contempla la intervención de la UIF-Perú para verificar flujos financieros sospechosos, además de establecer la certificación de rutas seguras, la protección a víctimas y la creación de fiscalías especializadas. Entre sus novedades, incluye la formación de un fondo estatal de riesgo y garantía destinado a las unidades amenazadas. Se prevé también la extinción de dominio de bienes y cuentas vinculadas a actos extorsivos.

El Ministerio de Economía tendrá la facultad de financiar la implementación de estas acciones. Los recursos incautados se utilizarán para reparar a las empresas perjudicadas y fortalecer el sistema nacional de lucha contra la extorsión, garantizando así una respuesta integral.

Durante la reunión, Fernando Rospigliosi reiteró su compromiso de impulsar la aprobación del dictamen en la próxima sesión plenaria. “Vamos a tratar de todas maneras, de ponerlo en la sesión del día de mañana (jueves) y aprobarlo. Espero que sea con el respaldo unánime de todos los sectores políticos”, afirmó Rospigliosi, enfatizando la urgencia y consenso que demanda la situación.

La congresista Patricia Juárez (FP), presente en el encuentro, señaló que el transporte requiere prioridad en la agenda del Ejecutivo. “El transporte merece una mirada especial por parte del Ejecutivo”, indicó Juárez. Añadió que, aunque la inseguridad es el principal desafío, el sector también demanda mejoras en la infraestructura vial, mayor estabilidad y estímulos para renovar la flota vehicular.

Por parte de los gremios, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, valoró la apertura del Parlamento para considerar sus demandas. “Creo que son buenos momentos, nuevos aires que se están viviendo, toda vez que estamos encontrando no solamente liderazgo, sino voluntad política hacia las cosas”, destacó Vargas, reflejando la expectativa de un cambio real para el sector.

A la reunión asistieron representantes de la Asociación de Empresas del Sindicato de Transportistas del Callao, el Consorcio Empresarial del Callao, la Corporación de Transporte Urbano, la Asociación Nacional de Integración de Transportistas y la Cámara de Transporte Urbano. Todos coincidieron en la necesidad de fortalecer la seguridad, avanzar en la formalización y mejorar la coordinación interinstitucional en el ámbito del transporte público.