Presidente José Jerí evaluará liberar presos que no representen un peligro para la sociedad, según alcalde de San Juan de Lurigancho

El estado de emergencia decretado por el Gobierno en Lima Metropolitana y el Callao continúa generando reacciones entre las autoridades locales. La medida, que suspende derechos constitucionales y permite la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, busca frenar la ola de delitos violentos y reforzar la seguridad en las zonas más afectadas por la criminalidad.

En ese contexto, el alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL), Jesús Maldonado, sostuvo que el presidente José Jerí evaluará liberar a presos que no representen un peligro para la sociedad, en especial aquellos con enfermedades graves, terminales o con discapacidad. La declaración la ofreció durante una entrevista con Exitosa Noticias, en medio de la aplicación de nuevas medidas de control en su distrito, uno de los más golpeados por la inseguridad.

Durante su intervención en el medio radial, Maldonado afirmó que la eventual liberación de internos vulnerables forma parte del análisis que realizará el Ejecutivo. “Muchas personas que son privadas de su libertad son enfermos terminales, enfermos graves, personas en sillas de ruedas que tienen incapacidad de movilizarse y será la evaluación del presidente, porque eso significa sumar al hacinamiento”, indicó.

El burgomaestre precisó que la revisión de casos no debe confundirse con una liberación generalizada. “No liberar al chiquillo o al que sí merece estar ahí, sino a las personas que no significan un peligro para la sociedad”, enfatizó. Según dijo, la medida tendría un enfoque humanitario y buscaría aliviar la sobrecarga carcelaria, sin comprometer la seguridad de la población.

El sistema penitenciario peruano atraviesa una de sus etapas más críticas. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), los penales del país superan el 120% de su capacidad. El penal de San Juan de Lurigancho, el más grande del Perú, alberga a miles de internos en condiciones de hacinamiento y deficiencias en atención médica.

Diversos especialistas han advertido que la falta de infraestructura y recursos para atender a internos con enfermedades graves o discapacidades genera un problema humanitario. Ante ello, se ha insistido en la necesidad de políticas diferenciadas que prioricen la salud y los derechos humanos, sin descuidar los criterios de seguridad pública.

Durante la gestión de Dina Boluarte, el Ejecutivo aprobó el Decreto Legislativo N.º 1585, que modificó diversas normas del Código Procesal Penal y del Código de Ejecución Penal con el propósito de enfrentar el hacinamiento carcelario. La norma incorporó la revisión de oficio de la prisión preventiva, permitiendo que los jueces evalúen cada seis meses si se mantienen los motivos que justificaron la medida y, de ser el caso, sustituirla por comparecencia restringida.

El decreto también amplió los mecanismos de redención de pena por trabajo o estudio y facilitó el uso de la vigilancia electrónica personal para procesados y condenados con penas no mayores de diez años, especialmente en casos de delitos culposos. Sin embargo, a pesar de su implementación, la disposición no generó un impacto significativo en la reducción de la sobrepoblación penitenciaria, y los penales continuaron operando por encima de su capacidad.

Hasta el momento, el Ejecutivo no ha emitido un pronunciamiento sobre las declaraciones del alcalde de SJL. La posibilidad de que el presidente Jerí considere liberar a personas en condición vulnerable ha generado expectativa en medio del endurecimiento de las medidas de seguridad dispuestas por el estado de emergencia.

Infobae Perú se comunicó con el alcalde Jesús Maldonado para ampliar su declaración, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta nota.