La Superintendencia Nacional de Migraciones coordinó con la Policía Nacional del Perú una serie de operativos de verificación migratoria en simultáneo en las regiones de Piura y Tumbes. Como resultado, se intervino a más de 40 extranjeros y se expulsó a ocho que ingresaron de manera irregular, a quienes se les prohibió el ingreso al país durante 15 años.
Intervenciones en Piura: control migratorio en el puesto San Pablo
El operativo principal en la región norte tuvo lugar en el Puesto de Verificación Migratoria (PVM) San Pablo, ubicado en el expeaje Bayóvar, en el kilómetro 983 de la carretera Panamericana, a aproximadamente 30 minutos del centro de Piura. Un total de más de 30 extranjeros fueron intervenidos en este punto, de los cuales ocho no contaban con la documentación adecuada para residir en Perú.
Se aplicó el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), mecanismo que permite la expulsión inmediata de personas que ingresan eludiendo controles o rompen el orden público, el orden interno, la seguridad nacional o la seguridad ciudadana. La sanción impuesta incluye una prohibición de ingreso al país por 15 años.
Operativo binacional en Tumbes y seguridad fronteriza
En paralelo, la Jefatura Zonal Tumbes lideró un operativo binacional en el Puente Internacional de La Paz, un punto estratégico en la frontera con Ecuador que une Huaquillas y Aguas Verdes. Allí se realizaron tareas de fiscalización en coordinación con entidades peruanas y ecuatorianas, además del apoyo de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
El Puente Internacional de La Paz representa un paso clave para la cooperación entre Perú y Ecuador. Su construcción selló la reconciliación tras el conflicto de 1941 y ha servido como un motor para el desarrollo social y económico de las comunidades fronterizas.
Estrategia estatal y fortalecimiento migratorio
Las intervenciones se inscriben en el marco de un plan estratégico para reforzar el control migratorio y mitigar la migración irregular en zonas sensibles del norte del país. Este plan implica la colaboración entre varias instituciones estatales y el intercambio de información con autoridades extranjeras para garantizar la vigilancia y el cumplimiento de las normas migratorias.
La orden de expulsión y la prohibición de reingreso por 15 años están sustentadas en la legislación nacional, la cual faculta a las autoridades a tomar medidas ante situaciones que pongan en riesgo la seguridad interna o la convivencia.
El organismo migratorio confirmó que se continuarán realizando operativos en puntos críticos y en las rutas terrestres internacionales para garantizar una migración segura, ordenada y regular. El compromiso institucional apunta a fortalecer la supervisión migratoria y a mantener la presencia del Estado en zonas de frontera.
La Superintendencia Nacional de Migraciones en Perú se encarga de regular y supervisar el ingreso, permanencia y salida de extranjeros en el territorio nacional. Entre sus funciones figura la detección, control y sanción de personas que intentan ingresar o que se encuentran en el país de manera irregular. Para ello, implementa acciones en puestos de control fronterizo, realiza verificaciones de identidad y documentales, y aplica procedimientos administrativos que pueden incluir la expulsión o salida obligatoria de quienes no cumplen con la normativa migratoria vigente. Estas acciones buscan salvaguardar la seguridad interna y garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias peruanas.
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