Exrecluso revela red de corrupción y lujos en el penal de Lurigancho: chantajes, cobros ilegales y delegados con poder

El testimonio de un ex interno del penal de Lurigancho, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL), expuso una estructura de poder paralela dentro de la cárcel más grande y poblada de Perú y cuestionó la eficacia de las acciones de las autoridades antes y durante el estado de emergencia decretado por el gobierno de transición de José Jerí.

El exreo, liberado hace aproximadamente un año, relató en RPP Noticias cómo operan los líderes internos —conocidos como delegados—, el ingreso de artículos prohibidos y la red de corrupción que, según él, afecta todos los niveles de funcionamiento dentro del penal.

Según su relato, los delegados generales, quienes son designados entre los propios internos, ejercen un control absoluto sobre la vida cotidiana en los pabellones. “Uno de los cambios que se debería hacer lo más rápido posible es el cambio de los delegados generales ahí. Ellos son los que manipulan todo, cobran el ingreso a los presos recién llegados. Si no les pagas, te hacen servicio de limpieza de pabellón. Te humillan prácticamente”, indicó el exinterno al citado medio.

Estos delegados, de acuerdo con su testimonio, extienden su control más allá de simples tareas administrativas. Son responsables de la administración de recursos y dinero, organizan las actividades diarias de los internos y son la cabeza visible de una economía carcelaria alternativa, donde todo tiene un precio.

El exreo aseguró que los delegados dirigen redes de corrupción que implican tanto a reclusos como a personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Desde sobornos periódicos a los agentes de vigilancia hasta pagos para facilitar el ingreso de bienes prohibidos, la corrupción estaría normalizada e institucionalizada.

“Ellos pagan su coima a los guardianes del INPE, entonces les dejan ingresar todo”, relató. Añadió que incluso el jefe de seguridad de la prisión recibiría regular y directamente sumas de dinero provenientes de los delegados. “Reciben su coima, aparte de su sueldo que tienen. El jefe de seguridad recibe también su coima. Y estos son dados por los mismos delegados”, afirmó.

Respecto al acceso de los internos a objetos y servicios prohibidos, el entrevistado resaltó que las requisas y redadas organizadas por las autoridades son conocidas por los reclusos antes de que ocurran, lo que les permite ocultar sus pertenencias ilícitas y evitar cualquier decomiso efectivo.

“Los mismos delegados saben el día que va a haber la requisa, entonces lo guardan. Ellos tienen adentro sus caletas. Termina la requisa y nuevamente sacan. De nada sirve”, detalló. De igual forma, señaló que hay ocasiones en que los propios funcionarios del penal advierten a los delegados con anticipación: “Va a haber requisa, pero nosotros no los vamos a entrar al pabellón. Saquen ustedes lo que tienen: chavetas, chicha, pongan algunos celulares en la puerta del pabellón, nosotros pasamos a recogerlo y vamos a decir que hubo una requisa”, recordó.

Añadió que dentro de Lurigancho existe un amplio acceso a tecnología y bienes de consumo: “Hay antenas satelitales para ver cable, decodificadores, celulares, cargadores, todo tipo hay”, describió, agregando que los artículos prohibidos ingresan a través de proveedores que abastecen a las tiendas y restaurantes que funcionan dentro del penal.

Sostuvo además que la vida de los denominados “Rufitos”, aquellos que tienen poder dentro del presidio, es incluso más cómoda que la de muchas personas fuera de la cárcel: “Tienen toda la comodidad adentro, no parece que estuviesen presos, al contrario, allá viven mejor que afuera”, afirmó, indicando que cuentan con acceso a comida, comunicación y hasta acceso regular a drogas, las cuales son vendidas como si fuera un negocio común y corriente en el exterior.

El entramado de pago por favores también se reproduce en el acceso a beneficios penitenciarios. Según el testimonio, la figura de la reducción de penas por trabajo o estudio es frecuentemente producto de acuerdos ilícitos con el personal de INPE.

“Los internos no trabajan ni estudian. Pasa el personal del INPE, les cobra treinta soles mensuales y ellos van a fin de mes y firman como si hubiesen estudiado o trabajado”, relató el ex interno. Explicó que los pagos incluyen también a asistentes sociales y psicólogos, quienes aceptarían sobornos a cambio de informes favorables para los internos.

Sobre la elección de los delegados, el exreo indicó que este proceso no obedece a mecanismos democráticos, sino a la imposición por la fuerza o amenazas. Contó el caso de un delegado expulsado después de ser extorsionado; incluso relató que su familia fue amenazada con la colocación de una granada en su domicilio, forzándolo a renunciar para permitir la entrada de un sustituto vinculado a organizaciones externas que operan en los distritos limeños.