Estos son los comités de trabajo durante Estado de emergencia: quiénes las conformarán y cómo será su labor

Ante el grave incremento de la violencia y criminalidad en Lima Metropolitana y el Callao, el Gobierno e transición decretó el estado de emergencia por 30 días, tras la recomendación de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP). La medida busca “restablecer el orden interno”, recuperar espacios públicos y devolver la confianza a la ciudadanía, severamente afectada por el auge del sicariato, extorsiones y narcotráfico.

Para su ejecución, el Ejecutivo dispuso la conformación de cuatro comités multisectoriales que coordinarán operativos, estrategias de inteligencia, fiscalización y comunicación institucional.

Los grupos trabajarán bajo la dirección del Comité de Coordinación Operativa Unificada (CCO), encargado de articular los esfuerzos de las principales entidades del Estado.

El CCO está presidido por el Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, e integrado por representantes de las Fuerzas Armadas, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), además del alcalde de Lima Metropolitana y el gobernador regional del Callao.

La participación de los titulares de cada institución es indelegable, y sus reuniones y acuerdos se mantienen en carácter confidencial. Asimismo, los gobiernos locales deberán poner a disposición del CCO su infraestructura, equipamiento y recursos logísticos para reforzar los operativos.

El Comité de Inteligencia (CI) estará a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y reunirá a los principales órganos de inteligencia del país: la División de Inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIRIN), la Subdirección de Inteligencia del INPE, las direcciones de inteligencia de las instituciones armadas y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Su labor consistirá en centralizar y procesar información estratégica para identificar estructuras criminales, mapear zonas de riesgo y anticipar posibles hechos de violencia. Durante el estado de emergencia, este comité establecerá protocolos conjuntos de acción y evaluará los resultados de los operativos, bajo la supervisión del CCO.

Además, podrá convocar a unidades especializadas cuando se requiera, a fin de garantizar la coordinación interinstitucional y la efectividad de las medidas de seguridad.

El Comité de Fiscalización (CF) será presidido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) e integrará a organismos clave para el control de actividades ilícitas, entre ellos: OSIPTEL, SUCAMEC, SUTRAN, SUNAT, Migraciones, INPE, DIRANDRO, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM, y el Comando Operacional de Ciberdefensa (COCID).

Este comité se encargará de planificar y ejecutar operativos diarios para combatir la informalidad, el tráfico de armas, la trata de personas y otras formas de delincuencia organizada. También implementará un Registro Nacional de Fiscalización, donde se consignarán los reportes públicos, indicadores de cumplimiento y sanciones aplicadas.

Las juntas vecinales de seguridad ciudadana, junto con los prefectos y subprefectos, colaborarán en la entrega de información que permita tomar decisiones más rápidas y focalizadas. Esta estructura busca vincular directamente a la ciudadanía en el proceso de recuperación del orden, fortaleciendo la vigilancia y la denuncia local.

El cuarto grupo, el Comité de Comunicación Estratégica (CCE), estará presidido por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) e integrado por los miembros del CCO y el titular del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

Su misión será diseñar y ejecutar la estrategia comunicacional del estado de emergencia, con el fin de informar a la población sobre los avances de las acciones, contrarrestar la desinformación y fortalecer la percepción de seguridad.

El CCE buscará mantener una comunicación coherente y transparente entre las instituciones involucradas, garantizando que los mensajes oficiales sean consistentes y se transmitan a través de canales verificables.