El alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL), Jesús Maldonado, presentó una propuesta para entregar la administración de pabellones de alta seguridad a empresas privadas en los penales de Lima y Callao.
El planteamiento surge como respuesta al estado de emergencia decretado por el presidente José Jerí en la capital peruana y su zona portuaria, medida acompañada por acciones como el patrullaje militar y operativos en penales para frenar las comunicaciones ilícitas.
Maldonado explicó que la gestión privada ha mostrado mayor eficacia que la pública en varios campos, como sucede con los servicios de recaudación municipal, por lo que considera viable replicar ese modelo en las áreas penitenciarias de máxima peligrosidad.
Según sus declaraciones a Exitosa Noticias, “hay cosas que se hacen muy bien en lo privado que en lo público es casi imposible”. La idea es que estos pabellones, donde se concentra la población de alto riesgo, pasen bajo la dirección de empresas con experiencia en seguridad, tecnología y control, garantizando el aislamiento de los internos respecto a organizaciones delictivas externas.
Maldonado compartió la propuesta directamente con el mandatario José Jerí durante la jornada inicial del estado de emergencia, en medio de un operativo realizado en el penal de Lurigancho.
El alcalde destacó que la actual declaratoria permite colaboración inédita entre serenos distritales y fuerzas armadas en patrullajes conjuntos, un avance que no se contemplaba en anteriores estados de emergencia.
Medidas complementarias
Además del control privado, el alcalde sugirió sanciones severas para las empresas telefónicas responsables de la distribución indiscriminada de chips telefónicos, herramienta esencial en el esquema de extorsiones y delitos cometidos desde las cárceles.
Según Maldonado, la venta de tarjetas SIM sin control suficiente facilita que los internos puedan mantenerse en circulación criminal, incluso tras las rejas.
“El instrumento más eficiente para las extorsiones son las llamadas telefónicas”, remarcó el burgomaestre, instando a que la penalización recaiga exclusivamente en las compañías si no pueden identificar el destino y uso de sus chips.
Paralelamente, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, anunció un barrido integral de antenas telefónicas en los alrededores de las cárceles, otra medida orientada a cortar la comunicación ilícita.
El Ejército custodiará las cercanías de los centros penitenciarios mientras se desinstalan antenas localizadas dentro de un radio de 200 metros, donde su instalación está prohibida.
Fundamental en este contexto es el bloque electrónico aplicado dentro de los penales: solo se permitirá energía para iluminación mínima y conservación de alimentos, dejando las zonas de internos sin acceso a carga de dispositivos.
Por su parte, los recientes operativos en los penales de Lurigancho y Ancón I revelaron la persistencia del problema, con intervención de más de cien agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público.
Durante las pesquisas, se incautaron manuscritos, chips, celulares satelitales, armas blancas y sustancias prohibidas, evidenciando la magnitud del desafío.
El Ejecutivo afirmó que continuará con operativos, evaluación del personal y reformas en los protocolos de seguridad para transformar los penales de la capital en espacios controlados.
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