Más de 20 mil denuncias de extorsión marcan récord: ataques golpean a artistas y comerciantes

El temor se ha instalado en las calles, los negocios y los hogares. En diferentes distritos de Lima y regiones del país, las extorsiones se han vuelto parte de la rutina. Llamadas, mensajes y ataques armados mantienen en zozobra a comerciantes, transportistas y familias enteras. En una sola semana, se registraron ocho casos en distintos rubros económicos, desde pequeños empresarios hasta conductores de transporte público.

Las mafias no distinguen ocupaciones ni niveles económicos. Los ataques con explosivos, las amenazas por teléfono y los cobros ilegales se multiplican sin control. En los últimos meses, la Policía ha contabilizado más de 20 mil denuncias por extorsión, cifra que representa un incremento del 40% respecto al año anterior. Cada diecinueve minutos, una persona se convierte en víctima de este delito, mientras la respuesta estatal sigue siendo insuficiente.

El sector transporte se ha convertido en uno de los más golpeados. En Carabayllo, un conductor fue atacado a balazos junto a sus pasajeros. En San Martín de Porres, una vivienda utilizada como gimnasio terminó con las lunas destruidas tras recibir más de diez disparos. Las víctimas aseguran que no pueden trabajar tranquilas y temen por la vida de sus hijos.

En respuesta, más de quince mil transportistas salieron a las calles para exigir mayor seguridad y denunciar la falta de protección. En lo que va del año, al menos sesenta choferes y cobradores han perdido la vida a manos de grupos criminales que controlan rutas, cobran cupos y amenazan a quienes se resisten. Pese a los bloqueos de celulares y las operaciones policiales, las llamadas extorsivas siguen llegando, muchas de ellas desde los penales del país.

El terror también ha alcanzado a figuras del espectáculo. La bailarina Deisy Araujo fue una de las primeras en sufrir un ataque con explosivos en la puerta de su casa, luego de negarse a pagar una suma de 50 mil soles exigida por extorsionadores. “Dejé de ir al gimnasio, de salir a la tienda, ni siquiera podía acompañar a mi hijo al colegio. Sentía que me vigilaban todo el tiempo”, relató.

A ella se suma Yuliana Rengifo, quien recibió amenazas mientras se preparaba para una gira internacional. Los criminales exigieron más de 30 mil soles y advirtieron con atentar contra su familia. “Me decían que sabían dónde vivían mis hijas y que podían poner una bomba en la casa de mi tía”, contó la cantante. Desde entonces, vive con resguardo permanente. Estos casos reflejan que el miedo no distingue fama ni escenario: los delincuentes extorsionan a quien puedan alcanzar.

En los mercados, la extorsión se ha vuelto parte del costo de operar. Una madre de familia, cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad, relató que lleva dos meses recibiendo amenazas. Cada jornada laboral se ha transformado en un riesgo. “Mi hija me dice que me abraza por última vez antes de salir. Le tengo que pedir que no se siente cerca del chofer por miedo a un ataque”, contó entre lágrimas.

Estas historias se repiten en todo el país. Muchos comerciantes prefieren callar para no exponerse a represalias. Otros han cerrado sus negocios por temor. La Policía calcula que el 80% de las llamadas extorsivas provienen de los penales, lo que evidencia la falta de control en los centros de reclusión. Aunque el Gobierno ha bloqueado más de un millón y medio de líneas telefónicas vinculadas al crimen, las mafias continúan operando sin interrupción.

Mientras las víctimas claman por seguridad, en el Congreso se discute una iniciativa que ha generado indignación. El parlamentario Gustavo Cordero, de la bancada Somos Perú, propuso que los pagos de cupos puedan deducirse del Impuesto a la Renta. La medida, según argumenta, busca reconocer las pérdidas económicas de quienes se ven obligados a pagar bajo amenaza.

La propuesta ha sido calificada como “descabellada” por diversos sectores, que advierten que solo legitimaría el accionar criminal. Para los ciudadanos, representa una burla en medio de la crisis de seguridad. “En vez de desarticular a las bandas, quieren normalizar el pago de cupos”, criticaron los conductores y empresarios afectados. En tanto, se evalúa declarar el estado de emergencia en algunas regiones y aplicar toques de queda para frenar la ola delictiva.