Keiko Fujimori, la gran beneficiada con la anulación del ‘Caso cócteles’: ¿Qué pasará con los delitos de los cuales fue acusada?

La reciente resolución del Tribunal Constitucional de Perú estableció la anulación del denominado ‘Caso cócteles’, lo que deja sin efecto todas las diligencias judiciales y acusaciones fiscales que involucraban a Keiko Fujimori, quien fue candidata a la presidencia en tres ocasiones. Este fallo impacta de manera directa en el escenario judicial de la política peruana y coloca a Fujimori como la principal beneficiada de la decisión.

Según el documento oficial, el punto cuatro de la resolución declara la nulidad de “todos los actos precedentes del proceso seguido desde el inicio de las investigaciones preliminares, incluyendo la nueva acusación fiscal de fecha 02 de julio del 2025”. Esta decisión incluiría el archivo de la totalidad de pruebas, audiencias y procesos acumulados desde el inicio de las indagaciones, abarcando tanto las actuaciones fiscales como judiciales. Sin embargo, esta decisión deberá ser confirmada por un juez del Poder Judicial.

En la investigación anulada, Keiko Fujimori era señalada por presuntos aportes irregulares a su campaña presidencial de 2011 por parte de empresarios nacionales e internacionales. De acuerdo con las diligencias fiscales ahora invalidadas, se habría registrado un flujo de fondos no declarados que habrían ingresado a través de eventos sociales y recaudaciones conocidas como “cócteles”. El fallo ahora elimina cualquier efecto jurídico de estas actuaciones, con lo cual Fujimori queda eximida del proceso legal vigente hasta la fecha.

La decisión del Tribunal Constitucional abarca la desestimación de la acusación formal presentada el 2 de julio de 2025, lo que implica la imposibilidad de continuar con el juicio oral que estaba pendiente contra Keiko Fujimori, otros colaboradores cercanos y diversas personas vinculadas a Fuerza Popular. Así, la anulación abarca tanto la fase de investigación preliminar como la formalización del proceso judicial.

El impacto político de esta medida es inmediato. Para Keiko Fujimori, se elimina el mayor obstáculo penal que enfrentaba en su carrera, dado que el caso había representado una de las acusaciones más graves en su contra en materia de financiamiento electoral. La decisión también afecta el curso de acción del Ministerio Público, que ahora no cuenta con herramientas para mantener vigente la acusación original ni presentar una nueva basada en las pruebas ya declaradas inválidas por el máximo tribunal constitucional.

El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, confirmó que Keiko Fujimori es la única precandidata presidencial de la agrupación para las próximas elecciones. Según Galarreta, existe un consenso dentro del partido que respalda la postulación de la lideresa, quien fue candidata en tres ocasiones anteriores. En entrevista, descartó la posibilidad de que Fuerza Popular evalúe otros nombres para encabezar la lista presidencial, argumentando que la experiencia política de Fujimori la convierte en la opción más natural en este momento.

Aunque el acuerdo interno es casi total, la formalización de la candidatura se dará cuando culminen los plazos oficiales del proceso electoral, lo que podría ocurrir entre octubre y noviembre. El dirigente remarcó que “hay un pedido constante para que ella asuma esa responsabilidad”. Respecto al enfoque de campaña, Galarreta señaló que el partido priorizará la lucha contra la criminalidad y la seguridad ciudadana, planteando un retorno a sus principios originales frente a propuestas similares de otros candidatos.

En cuanto a eventuales alianzas con partidos de centroderecha, el secretario confirmó que se han mantenido conversaciones, pero la coyuntura y recientes declaraciones de otros líderes dificultaron la concreción de coaliciones. Ante ello, Fuerza Popular no descarta buscar acuerdos solo en una eventual segunda vuelta.

Galarreta también criticó abiertamente al exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por lo que consideró maniobras políticas oportunistas y por responsabilizar a autoridades tras la muerte de un manifestante. Según el dirigente, dichas acciones solo buscan provecho electoral y debilitan el respaldo a las fuerzas del orden.