Keiko Fujimori anuncia que Fuerza Popular evalúa denunciar al fiscal José Domingo Pérez tras fallo del TC

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció este lunes que su agrupación evalúa iniciar acciones legales contra el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenara dejar sin efecto la acusación en su contra por la presunta financiación ilegal de sus campañas de 2011 y 2016.

“Yo no (voy a denunciarlo), he tomado esta decisión personalmente. El partido político lo va a evaluar, y los más de 40 acusados que han pasado este calvario están en todo su derecho de hacerlo”, declaró en una rueda de prensa ofrecida horas después de conocerse el fallo.

Consultada por la posible repercusión que podría tener la resolución del máximo tribunal en otros procesos similares, Fujimori subrayó que la continuidad o caída de otros casos dependerá de “la responsabilidad del fiscal correspondiente que habría utilizado la justicia para perseguir políticamente”.

Indicó que el proceso judicial en su contra estuvo lleno de irregularidades, como “prisiones preventivas injustificadas, filtraciones destinadas a generar un espectáculo mediático y allanamientos sin sustento legal”.

“Pero aquí estamos, sin rencor y con la frente en alto. Creemos en el debido proceso y no en un linchamiento político. Porque creemos en el Perú y no en el odio. Estas palabras no buscan un desagravio para mí. Yo soy política. Y como política sé muy bien a lo que me enfrento y los riesgos que corro. Mi padre es un ejemplo de ello. Sufrió una injusta prisión, y yo tuve lo propio”, dijo.

La decisión del TC declaró fundada una demanda presentada por la defensa de la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) y ordenó que se archive este proceso, conocido como el ‘caso cócteles’.

La abogada de Fujimori, Giulliana Loza, había pedido que se declaren nulas las resoluciones judiciales vinculadas con el proceso sobre su defendida por los delitos de lavado de activos, organización criminal, falsa declaración y falsedad genérica, así como “todos los actos precedentes” seguidos desde el inicio de las investigaciones preliminares, en 2017.

Loza argumentó que antes de noviembre de 2016 no se consideraba que recibir dinero para financiar una campaña política podía implicar un delito de lavado de activos y que la Fiscalía incorporó nuevos elementos al caso en octubre de 2018 “sin respetar el derecho a la defensa”.

En ese sentido, la decisión del TC, que fue tomada con el voto de cinco de los siete integrantes del tribunal el 2 de octubre, declaró “fundada” su demanda. “No se está declarando la inocencia o culpabilidad de la beneficiaria, sino constatando la inviabilidad de proseguir con una imputación carente de sustento jurídico y claramente opuesta a lo establecido en la Constitución”, aclaró la resolución.

En el tramo final de su rueda de prensa, Fujimori afirmó que las contribuciones para sus campañas provinieron de “grandes empresarios peruanos de prestigio”, no de la constructora brasileña Odebrecht.

“Lamentamos que se haya utilizado la justicia para tratar de perseguir y lo continúan haciendo. (...) Ahora que enfrentamos otro proceso electoral, se pidió la disolución del partido. Lo que nosotros esperamos es que las instituciones, el Ministerio Público, el Poder Judicial, quienes impartan justicia, hagan lo propio y no mirando colores políticos como lo han hecho hasta ahora”, dijo.