Reo procesado por extorsión que fugó de penal en Piura compartía selfis en Facebook desde el interior de la cárcel

El reo, señalado como miembro de ‘Los Malditos de Talara’, evadió la custodia del penal de Piura mientras seguía un tratamiento psiquiátrico. Su caso había llamado la atención en 2018 por la publicación de fotos y actualizaciones en redes sociales

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Fuente: TV Perú

El procesado por extorsión Krisman Nizama Ponce (31), quien escapó este domingo del establecimiento penitenciario de Piura, ya había sido noticia en septiembre de 2018 por utilizar su perfil de Facebook desde la cárcel, donde publicaba selfis y actualizaciones.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) señaló que la evasión se produjo cuando fue trasladado al tópico para recibir atención psiquiátrica. En esa ocasión, la institución también informó que seis internos realizaban actividades similares en redes sociales desde el centro penitenciario.

Se trataba de Hardy Andrade Aguilar, Gian Carlo Cruz Aponte, Bryan Duque Suyón, Julla Medina Montero, Miguel Ángel Yataco Jiménez y Julio Wilder Calderón Eche.

Luego de los hechos, la administración penitenciaria realizó un operativo de requisa en los pabellones y trasladó a los internos a los ambientes de meditación, según el comunicado difundido por TV Perú. Además, notificó al Ministerio Público e informó que la investigación administrativa determinará las sanciones correspondientes.

Nizama Ponce cumplía una orden de prisión preventiva dictada en marzo de 2024 por el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Talara, José Luis Lizano. La misma medida se aplicó a Juan Víctor Ochoa Nores por el presunto delito de extorsión y a Joel Enrique Gómez Morán por tenencia ilegal de municiones.

Nizama Ponce ya había sido
Nizama Ponce ya había sido noticia en 2018 por publicar contenidos en Facebook desde el interior del penal, junto a otros reclusos que también usaban redes sociales

La Fiscalía indicó que el recluso fugado, conocido como ‘El loco’ y considerado miembro de la bandaLos Malditos de Talara’, fue intervenido en flagrancia. Durante una revisión del teléfono móvil, se verificó que realizó llamadas al agraviado. En el operativo, Gómez Morán portaba seis cartuchos plásticos calibre 24 y Ochoa Nores tenía cuatro municiones calibre 38.

Las autoridades explicaron que los detenidos exigieron 20.000 soles a la víctima, quien recibió amenazas de muerte por teléfono. Después de la denuncia, la Policía y el Ministerio Público organizaron un operativo en el sector La Campana de Talara Alta. Allí se realizó la entrega controlada de un sobre con 500 soles en billetes marcados, lo que facilitó la identificación de los extorsionadores.

El juzgado subrayó que la pena prevista para los delitos atribuidos supera los cinco años y puede alcanzar hasta quince años de prisión. Tanto Nizama Ponce como Ochoa Nores tienen antecedentes penales por tenencia ilegal de armas.

El caso se suma a
El caso se suma a otros incidentes recientes de evasión y amenazas dentro del sistema penitenciario

Apartados

El INPE informó que, tras la fuga, “inmediatamente se activaron los protocolos de seguridad y se inició la búsqueda exhaustiva tanto al interior del penal como en los alrededores”. Actualmente, las autoridades trabajan en acciones de recaptura.

La administración penitenciaria también ordenó la remoción inmediata del director y subdirector del penal de Piura. Además, la Oficina de Asuntos Internos acudió al establecimiento para desarrollar indagaciones administrativas y establecer responsabilidades.

El escape de Nizama Ponce se suma a otros incidentes recientes, como la evasión de un recluso venezolano en Huaral, hecho que motivó la destitución del director de ese penal. En paralelo, se han detectado amenazas contra funcionarios de prisiones, como el caso del director del establecimiento de Chincha, quien recibió videos intimidatorios por oponerse al traslado de un interno.

El penal de Piura enfrenta una crisis de hacinamiento, con 4,435 internos, pese a que su capacidad es de 1,070 personas, lo que supone una sobrepoblación superior al 300%. Entre los reclusos, 2,372 están en condición de inculpados y 2,063 han sido sentenciados.