Policía asesino de Eduardo Ruiz podría ser condenado a 20 años de cárcel, asegura experto

Las investigaciones sobre la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, conocido en el mundo del Hip Hop como Trvko, dieron un giro inesperado al confirmarse que el autor del disparo que acabó con su vida fue un policía. Se trata del suboficial de tercera Luis Magallanes, de acuerdo a datos del general PNP Óscar Arriola, quien pidió perdón a la familia en nombre de la institución y anunció la separación de él y los generales con influencia directa en las órdenes del operativo.

Arriola precisó que Magallanes permanece detenido y bajo investigación por la División de Homicidios, junto con otro efectivo policial relacionado con los hechos. Al respecto, el abogado constitucionalista Dante Paiva Goyburu manifestó a Infobae que el agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) podría enfrentar una pena de hasta 20 años de cárcel por homicidio simple, a la luz del marco legal vigente.

Explicó que el Decreto Legislativo Nº 1186 regula el uso de la fuerza letal por parte de la policía, autorizando esta medida solo ante riesgo inminente de muerte o lesiones graves, frente a delitos particularmente graves o si una persona representa una amenaza seria y actual durante una fuga o en el contexto de una reunión tumultuaria violenta.

“Como se ha podido apreciar en las imágenes, no hay evidencia de que el agente policial se encontrará dentro de alguno de los supuestos previstos, y como tal, empleó la fuerza letal de forma totalmente arbitraria”, expresó.

En ese sentido, mencionó que la conducta de Magallanes se ajustaría al delito de homicidio simple, regulado por el artículo 106 del Código Penal peruano, cuya sanción va de 6 a 20 años de prisión. El constitucionalista citó como precedente el caso del suboficial Víctor G. Bueno A., vinculado a hechos similares durante el paro agrario en La Libertad. “El uso letal carece de justificación legal bajo estos términos y expone al responsable a la pena máxima”, afirmó el abogado.

Según manifestó el también docente de EPG Continental, la responsabilidad política podría alcanzar al propio ministro del Interior, ante el reclamo social y el impacto mediático del hecho. El abogado señaló que, dada la evidencia audiovisual y la indignación ciudadana, sería recomendable que el ministro de un paso al costado como un gesto para facilitar el diálogo y otorgar legitimidad al proceso de investigación y sanción.

“Lo recomendable sería que renuncie como un gesto de reconocimiento del mal proceder, lo cual permitiría dialogar mejor con la ciudadanía y actores políticos, dando un respiro al Poder Ejecutivo”, manifestó.

Destacó que esta renuncia se sumaría a las medidas tomadas por la PNP de separar a los mandos involucrados en el operativo, pero subrayó que las investigaciones penales contra el suboficial responsable deben continuar de forma independiente.