Paro de transportistas en Lima Sur: bloquean óvalo Chepén tras doble asesinato de chofer y cobradora de combi en Lurín

Un grupo de transportistas bloqueó este viernes el óvalo del grifo Chepén, en el límite entre Lurín y Villa El Salvador, como protesta para exigir mayor seguridad luego del asesinato de un chofer y una cobradora de combi ocurrido en Lurín. Los manifestantes señalaron que ambas víctimas murieron a manos de extorsionadores que solicitan pagos ilegales a los conductores que cubren la ruta Chepén–Lurín.

Imágenes y reportes difundidos en redes sociales mostraron que los manifestantes impidieron el paso de unidades de transporte público, lo que afectó la circulación desde Villa El Salvador hasta el kilómetro 40 de la Panamericana Sur. Solo taxis y motocicletas lograron cruzar el bloqueo, mientras decenas de pasajeros permanecieron varados, esperando una solución.

Los conductores demandan a las autoridades policiales detener los crímenes que afectan al sector transporte. La preocupación generalizada se centra en el aumento de ataques vinculados a la extorsión, una situación que mantiene en alerta tanto a los trabajadores como a los usuarios del servicio.

Los bloqueos realizados por diversos transportistas y vecinos de la zona comenzaron en la mañana de este viernes, poco después de las diligencias efectuadas por la Policía Nacional y el Ministerio Público, y se prolongaron hasta la tarde. Los manifestantes exigen justicia por el asesinato del conductor de transporte informal y su cobradora, así como garantías para evitar nuevos ataques.

Transmisiones en redes sociales muestran que los conductores consideran extender la medida de fuerza hasta el sábado si no obtienen respuesta de las autoridades. Según reportó Exitosa, participaron más de cien transportistas en el bloqueo del óvalo Chepén, permitiendo solo el paso de vehículos de colectivo con destino a Lurín y Villa El Salvador.

Los transportistas aseguran ser objeto de extorsiones por parte de al menos dos bandas criminales, que les exigen pagos diarios de unos diez soles por vehículo y una cuota de inscripción cercana a los 200 soles. Su protesta exige que las autoridades garanticen seguridad y eviten la repetición de agresiones contra conductores y cobradores de transporte informal.

A pesar de la congestión originada, el Centro de Gestión y Monitoreo de la Sutran no reporta la avenida Lima —donde ocurre la movilización— como bloqueada. Hasta el momento, las autoridades no han difundido información oficial sobre la intervención en la zona.

Los bloqueos recientes en Lima y Callao ocurrieron luego del apagado de motores realizado por las empresas de transporte urbano agrupadas en la Asociación de Transporte Unido (ATU). A las 12:00, los transportistas detuvieron la marcha de sus vehículos durante tres minutos en señal de protesta frente a la creciente ola de violencia que afecta al sector.

La medida fue anunciada en un pronunciamiento firmado por representantes de los conos Norte, Sur, Este y Centro, dirigido tanto al presidente de la República como al Congreso y al Poder Judicial. En el documento, los transportistas expresaron su indignación ante el asesinato de dos colaboradores en Lurín la noche del jueves 16 de octubre y lamentaron la muerte de Eduardo Ruiz, joven que perdió la vida en un acto violento el día anterior.

La protesta reunió a empresas y conductores en un reclamo unificado contra la inseguridad. Los transportistas exigieron respuestas concretas de las autoridades para frenar los ataques. La tensión ha aumentado en el gremio por la falta de acciones efectivas y la escalada de la violencia.

El chofer y la cobradora de una combi de transporte público informal perdieron la vida la noche del jueves 16 de octubre en Lurín, en un atentado vinculado a extorsiones. El vehículo realizaba su último recorrido entre Villa El Salvador y Lurín cuando dos sicarios en motocicleta lo interceptaron a la altura de los humedales de Mamacona.

En el ataque, tres pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital cercano. La avenida Lima permaneció cerrada en ambos sentidos durante varias horas mientras la Policía Nacional y peritos de criminalística desarrollaban las diligencias correspondientes.

Conductores de la ruta informal denunciaron presiones provenientes de una organización criminal, la cual exige pagos de inscripción de entre 200 y 500 soles, así como hasta 200 soles diarios por cada unidad que opera en la zona. El gremio de transportistas se mantiene en alerta y demanda acciones urgentes para frenar la escalada violenta. El clima de temor y preocupación se intensifica en la comunidad ante la falta de garantías y la presión constante de extorsionadores.