La Policía detuvo a 10 ciudadanos durante la marcha de la ‘Generación Z’, según la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo informó sobre la detención de diez ciudadanos durante las protestas contra el gobierno de José Jerí y el Congreso en Lima. De acuerdo con un comunicado compartido por la entidad en la red social X, ocho personas quedaron bajo custodia en la División de Asuntos Sociales de la Policía Nacional del Perú (PNP) por presuntos delitos contra la tranquilidad pública, mientras que otras dos fueron intervenidas por control de identidad.

Según precisó la Defensoría del Pueblo, estas acciones ocurrieron tras los enfrentamientos nocturnos registrados en el centro de la capital. La institución detalló que el reporte se actualizó a las 11:35 p. m., momento en que familiares y abogados ya se encontraban en la sede policial donde permanecen los detenidos. Esta información fue acompañada de una exhortación pública dirigida al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que supervise el respeto de los derechos fundamentales de los arrestados.

La Fiscalía de Derechos Humanos confirmó que un representante del organismo ha comenzado diligencias sobre la detención y permanece en contacto con las personas intervenidas. Además, la Defensoría reiteró la importancia de verificar el debido proceso y la atención legal de los ciudadanos.

Junto con las detenciones, el saldo de heridos resultó elevado. De acuerdo con cifras oficiales, hasta antes de la medianoche se registraron 102 personas heridas en distintos hospitales limeños: 24 civiles y 78 efectivos policiales. Entre los civiles, catorce ingresaron en el Hospital Loayza, uno en Emergencias Grau, siete en el Hospital 2 de Mayo y uno en el Hospital Rebagliati. La Policía Nacional del Perú internó a sus agentes afectados en el hospital institucional.

Varios manifestantes reportaron el uso intensivo de gases lacrimógenos y cargas polciales en diferentes zonas céntricas. Organizaciones civiles han solicitado la intervención de organismos internacionales para monitorear las condiciones de detención y la atención a los lesionados, mientras la jornada siguió bajo observación de la prensa local e internacional.

Los enfrentamientos registrados en la marcha nacional del 15 de octubre en Lima culminaron con la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, un hombre de aproximadamente treinta años, además de más de ochenta heridos entre manifestantes y miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP). Según confirmó la Defensoría del Pueblo, la víctima llegó sin signos vitales al Hospital Arzobispo Loayza luego de recibir un impacto en el tórax.

Información brindada por la congresista Ruth Luque señala que el fallecimiento habría ocurrido por un proyectil disparado durante los disturbios. La legisladora puntualizó que la Fiscalía ya tomó el caso y lidera las investigaciones. El adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría, Fernando Lozada, evitó especulaciones sobre el tipo de proyectil e indicó que la necropsia legal establecerá la causa de muerte. Lozada solicitó una investigación imparcial y transparente, así como la salvaguarda de los derechos de los manifestantes.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, confirmó la apertura de una indagación a fondo y descartó la presencia de agentes encubiertos Terna en la zona de los incidentes. “No hay personal Terna en este proceso ni de acompañamiento”, aseguró Tiburcio al ser consultado por medios locales. El ministro también lamentó el deceso y defendió el accionar policial, subrayando que hubo ochenta policías heridos, algunos con lesiones graves.

El presidente interino, José Jerí, emitió un mensaje a través de redes sociales, expresando condolencias a la familia y pidiendo una investigación objetiva para esclarecer responsabilidades. Según testimonios recabados por medios locales, algunos manifestantes sospecharon la presencia de agentes encubiertos, lo que habría originado la reacción violenta, aunque la muerte de Ruiz Sanz sucedió cuando él se encontraba al margen de esa situación.

Familiares y allegados de la víctima exigieron justicia en las inmediaciones del hospital, mientras su abogado ingresó para obtener información del caso. La jornada quedó marcada por un clima de tensión y demandas de verdad en torno al uso de la fuerza.