El mensaje de José Jerí tras la muerte de Eduardo Ruiz: “Que las investigaciones determinen responsabilidades”

El presidente expresó pesar por el deceso de un joven durante disturbios cerca del Congreso, mientras la capital registró más de ochenta personas lesionadas y llamados a esclarecer lo sucedido

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Protestas del 15 de octubre
Protestas del 15 de octubre - REUTERS

La jornada de protestas del 15 de octubre en Lima concluyó con fuertes enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales, dejando un saldo de más de 80 heridos y el fallecimiento de un ciudadano identificado como Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, de 32 años. El fallecido fue trasladado al Hospital Arzobispo Loayza, donde llegó sin signos vitales tras sufrir una herida a la altura del tórax durante los disturbios en inmediaciones del Congreso de la República.

Una protesta que termina en tragedia

La movilización nacional convocada en contra de la clase política reunió a miles de personas en el centro de Lima. Durante la tarde y parte de la noche, se registraron actos de violencia en varias calles aledañas al Parlamento, donde manifestantes arrojaron objetos contundentes y la Policía Nacional del Perú (PNP) respondió con el uso de gases lacrimógenos y disparos de perdigones. El saldo, según confirmaron diversas fuentes, superó los 80 heridos, entre civiles y agentes policiales.

Paramédicos atienden a civil herido-
Paramédicos atienden a civil herido- REUTERS/Sebastian Castaneda

Eduardo Mauricio Ruiz Sanz murió por una lesión en el pecho que, según la congresista Ruth Luque, habría sido producida por el impacto de un proyectil. Luque sostuvo que “el tema ya es de conocimiento de la fiscalía quien debe liderar las investigaciones”. Mientras tanto, Fernando Lozada, adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, confirmó el deceso pero evitó precisar la causa exacta, señalando que esta solo se determinará tras la necropsia legal.

Reacción oficial del presidente Jerí

Tras los hechos, la atención se centró en la respuesta de José Jerí, presidente de Perú. En un primer mensaje difundido en su cuenta de Twitter, el mandatario se refirió únicamente al número de policías heridos y aludió a los supuestos responsables de los actos violentos, a quienes calificó como “delincuentes”, agregando: “Todo el peso de la ley para ellos”.

Paramédicos atienden a civil herido.
Paramédicos atienden a civil herido. REUTERS/Sebastian Castaneda

Durante la madrugada, Jerí amplió sus comentarios y lamentó públicamente la muerte de Eduardo Ruiz Sanz a través de un mensaje en la misma red social. En su comunicado, expresó: “Lamento el fallecimiento del ciudadano Eduardo Ruiz Sanz de 32 años. Fuerza a su familia en este momento. Que las investigaciones determinen con objetividad los hechos y responsabilidades”.

José Jerí
José Jerí

A lo largo de la jornada, el presidente compartió también un video donde se observaba a agentes de la PNP retrocediendo ante los ataques de un grupo de participantes de la marcha. No incluyó imágenes de la represión policial, pese a que en registros difundidos por distintos portales digitales se evidenciaron disparos de perdigones al cuerpo de los manifestantes.

REUTERS/Sebastian Castaneda
REUTERS/Sebastian Castaneda

Clima de tensión y perspectivas de investigación

La muerte de Eduardo Ruiz Sanz elevó el nivel de tensión política y social en Perú. Organizaciones civiles y políticos de oposición exigieron un esclarecimiento completo y transparente de las circunstancias, mientras la fiscalía ha asumido las investigaciones.

La jornada dejó más de 80 heridos y varios detenidos durante los enfrentamientos, cifra confirmada por voceros de la Defensoría del Pueblo. Los hechos ocurridos durante la llamada “marcha nacional” intensificaron el pedido de diversos sectores para revisar la actuación de las fuerzas policiales durante manifestaciones y volver a discutir los límites de la protesta social frente a respuestas estatales.

La necropsia al cuerpo de Ruiz Sanz permitirá precisar la causa exacta de la muerte y definir eventuales responsabilidades penales o administrativas, en un contexto marcado por la desconfianza hacia la clase política y el reclamo de justicia por parte de familiares del fallecido y organizaciones de derechos humanos.