A la CIDH le preocupa nuevo uso de la vacancia, caída de Boluarte y asunción de Jerí: “Es la sexta vez en 8 años”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente” por parte del Congreso. A través de un pronunciamiento, advirtió que "la subjetividad de esa figura impacta la separación de poderes y la estabilidad de la institucionalidad democrática".

En esa línea, la CIDH calificó la vacancia de Boluarte como un "proceso acelerado“, recordó que “es la sexta vez en 8 años que el Congreso recurre a esta figura para remover a una autoridad electa e impedir que concluya su mandato” y alertó que la aplicación reiterada de la vacancia por permanente incapacidad moral "ha generado crisis políticas y sociales, afectando la gobernabilidad y la confianza ciudadana en la democracia”.

"La CIDH reafirma que los procesos de vacancia o remoción de autoridades en ejercicio del poder deben observar el debido proceso, las garantías institucionales y el equilibrio de poderes, conforme a lo establecido en la Carta Democrática Interamericana. La falta de una definición objetiva de la incapacidad moral permanente genera un margen de discrecionalidad que afecta la independencia de los poderes públicos, así como debilita la confianza ciudadana en las instituciones y el Estado de Derecho”, se lee en el pronunciamiento.

En el comunicado también se deja constancia que el Estado peruano respondió que, según el Tribunal Constitucional, la vacancia está prevista en la Constitución, mientras que la figura de “incapacidad moral permanente” es un “concepto jurídico indeterminado cuya interpretación corresponde al Congreso y, por lo tanto, no puede ser objeto de delimitaciones".

"Al respecto, (la CIDH) reitera su recomendación al Estado de ‘delimitar las figuras de acusación constitucional, vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y disolución unilateral del Congreso, de forma que precisen, con parámetros claros y objetivos, las conductas sancionables y sus correspondientes consecuencias’. Recomendación formulada por la Comisión en su informe Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales, publicado en 2023″, reza el texto.

Finalmente, la Comisión pide al Estado peruano garantizar que las decisiones políticas se tomen dentro del marco constitucional, la separación de poderes y el Estado de derecho. Además, exhorta a que se asegure “la protección de los derechos humanos y la estabilidad institucional del país durante el proceso de transición y hasta la celebración de las elecciones generales de 2026″.

El abogado de Dina Boluarte, Joseph Campos, calificó la destitución de la expresidenta como “un golpe de Estado” y advirtió que evalúa presentar una acción de amparo para revertir la vacancia presidencial. Campos sostuvo que el proceso impulsado por el Congreso de la República vulneró el debido proceso y las garantías constitucionales, al no otorgar a Boluarte el tiempo ni las condiciones necesarias para ejercer su defensa.

El letrado denunció que la mandataria solo dispuso de cincuenta y seis minutos para responder a las acusaciones, pese a enfrentar cuatro mociones distintas. Campos remarcó que la sesión se realizó de madrugada, lo que, a su juicio, impidió la transparencia y el debate público que exige una medida de tal magnitud. “Si precisamente está en peligro y en debate la permanencia de un presidente elegido en urnas, lo lógico era desarrollar públicamente y en una hora donde la población lo vea”, afirmó.

Campos recordó que el Perú ha sido condenado en dos ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no otorgar plazos razonables en juicios políticos y destituciones, citando los casos Castillo Petruzzi y Tribunal Constitucional como precedentes internacionales. Según el abogado, en la vacancia de Boluarte se repitió ese patrón, lo que justificaría la presentación de un amparo.