Jóvenes indígenas exigen Comisión de la Verdad para investigar los crímenes del caucho en Perú

Treinta jóvenes indígenas del colectivo Tsiuni —que significa “escuchar” en lengua kukama— presentaron el 13 de octubre una demanda de hábeas corpus ante el Juzgado Mixto de Nauta, en la región Loreto.Su exigencia es clara: que el Estado peruano conforme una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes cometidos contra los pueblos indígenas durante la época del caucho, entre 1880 y 1920, en la Amazonía peruana.

El colectivo está conformado por representantes de los pueblos Kukama, Maijuna, Secoya, Murui, Bora, Tikuna, Awajún, Arabela, Achuar y Wampis, y se ampara en el derecho a la verdad, reconocido por el Tribunal Constitucional del Perú como un principio fundamental de justicia y reparación.

“Nos organizamos desde el dolor, un dolor que exige justicia, y una justicia que es un camino para sanar y garantizar que esto no se repita”, expresaron en su comunicado público.

Múltiples estudios históricos estiman que entre 30.000 y 100.000 indígenas amazónicos fueron víctimas de esclavitud, tortura, violaciones y asesinatos durante el auge de la extracción del caucho.Las empresas caucheras —entre ellas, la Peruvian Amazon Company, dirigida por Julio César Arana— se enriquecieron con la explotación sistemática de pueblos enteros, con la complicidad del Estado peruano y las potencias extranjeras.

El colectivo Tsiuni sostiene que esos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad y que, más de un siglo después, el país sigue sin reconocer ni reparar a las víctimas y sus descendientes.

“Hace más de 100 años, nuestros abuelos y abuelas fueron víctimas de una ola de exterminio, violencia, esclavitud y muerte. Es hora de que el Perú escuche nuestra verdad”, señala el pronunciamiento.

Los abusos quedaron registrados en el libro The Devil’s Paradise del periodista estadounidense Walter Hardenburg, quien relató el sufrimiento de los pueblos del Putumayo:

“Los indígenas pacíficos son obligados a trabajar día y noche en la extracción del caucho, sin la menor remuneración. Se les despoja de sus cosechas, de sus esposas e hijos para satisfacer la voracidad y la lujuria de sus explotadores”.

Para los jóvenes de Tsiuni, los crímenes del caucho no son solo un hecho del pasado. Aseguran que la violencia contra los pueblos indígenas sigue operando hoy, aunque con nuevos rostros y actores:empresas extractivas, grupos criminales y un Estado que califican de “cómplice y ausente”.

“La violencia es cíclica en la Amazonía. Nunca se ha detenido y sigue operando de la misma manera, a manos de empresas, grupos poderosos y un Estado criminal”, advierten.

Denuncian además que el Estado promueve leyes regresivas como la Ley Antiforestal o la ampliación del REINFO, que —afirman— fomentan la tala y minería ilegales, y se niega a reconocer la Reserva Indígena Yavarí Mirim, pese a su importancia para la protección de pueblos en aislamiento voluntario.

La demanda de hábeas corpus presentada busca que el Poder Judicial ordene la creación de una Comisión de la Verdad dedicada exclusivamente a los crímenes del caucho. Esta instancia, señalan, permitiría investigar de manera formal los abusos cometidos, identificar a los responsables históricos y garantizar la no repetición de hechos similares.

“La historia del caucho, lejos de desaparecer, se encarna con más fuerza en una praxis para matar”, advirtió el colectivo en su documento.“Queremos que el Perú asuma su responsabilidad histórica y moral frente a sus pueblos originarios”.

El reclamo de Tsiuni además de buscar justicia judicial, también reclama por memoria y reconocimiento nacional. Los jóvenes criticaron, por ejemplo, la inauguración del “Paseo del Caucho” en Iquitos, impulsada por el gobierno regional de Loreto en 2024, como un espacio turístico que —según ellos— banaliza una tragedia colectiva.

Historiadores recuerdan que fue el diplomático irlandés Roger Casement quien, a inicios del siglo XX, denunció ante el Reino Unido los abusos cometidos por la empresa de Arana en el Putumayo, en lo que se considera uno de los primeros informes internacionales sobre derechos humanos en América Latina.

A la espera de una respuesta judicial, los integrantes del colectivo Tsiuni reafirmaron su compromiso de mantener las acciones legales y de memoria hasta obtener justicia.“Queremos restaurar la dignidad de nuestros pueblos, sanar la historia y construir un futuro donde nunca más se repitan estos crímenes”, expresaron.