Las promesas incumplidas de Rafael López Aliaga: obras a medias y polémicas mientras fue alcalde de Lima

Aunque en 2022 prometió no dejar el cargo antes de tiempo porque “su palabra vale oro”, Rafael López Aliaga abandona hoy la alcaldía de Lima para postular a la Presidencia del Perú. Su paso por la Municipalidad de Lima terminó marcado por declaraciones polémicas contra la prensa, enfrentamientos con el ministro de Transportes por un acelerado proceso de implementación de un tren de más de 40 años de antigüedad, y propuestas controvertidas para combatir la delincuencia, además de otras que no llegaron a realizarse.

López Aliaga finalizará su gestión en octubre de 2025, dejando al menos 25 de las 105 promesas de su plan de gobierno municipal sin cumplir, según una revisión realizada por La República. Aunque aseguró que culminaría su mandato y transformaría Lima en una “potencia mundial”, deja la ciudad en medio de una crisis de inseguridad y con proyectos inconclusos que ha presentado como significativos de su administración.

Entre los compromisos asumidos por López Aliaga que no han visto la luz durante su tiempo en la Municipalidad de Lima, se encuentra el tranvía de la avenida Universitaria, el teleférico Independencia–San Juan de Lurigancho, la línea subterránea de Metro entre Villa El Salvador y Puente Piedra, y la ampliación de la flota del Metropolitano.

Ninguna de estas iniciativas fue ejecutada, en parte por depender de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Luis Quispe Candia, director de Luz Ámbar, indicó a La República que “el alcalde prometió cosas que le competen a la ATU. La ley que crea la ATU es clara. Los municipios de Lima y Callao se encargan del tránsito y la ATU del transporte”.

En seguridad ciudadana, López Aliaga ofreció crear un sistema de reservistas de las Fuerzas Armadas para zonas con alta delincuencia, además de identificar de forma obligatoria a motociclistas e integrar a los taxistas y mototaxistas en la Central Municipal de Seguridad. Ninguna de estas propuestas prosperó.

Su promesa de adquirir 10.000 motocicletas para la Policía y los serenazgos municipales se cumplió solo en parte: entregó 4.000 unidades, menos de la mitad. Según un informe de la Contraloría, muchas de estas motocicletas están almacenadas o no cumplen el kilometraje mínimo requerido, y los serenos no recibieron la capacitación necesaria.

En el ámbito educativo y social, la municipalidad no asumió competencias en educación, ni repartió desayunos escolares, ni equipó las aulas con computadoras, ni implementó programas de capacitación docente. Proyectos sociales como Cunas Solidarias y Casas Solidarias para madres trabajadoras nunca se materializaron, del mismo modo que los centros de protección para víctimas de explotación infantil.

La salud pública también quedó relegada: no se ejecutó el Programa Municipal Médico de Familia, ni se pusieron en marcha acciones para la prevención y tratamiento de adicciones en los Hospitales de la Solidaridad.

Durante su gestión, López Aliaga protagonizó graves polémicas por sus ataques al periodista Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros. En un acto público declaró: “Por favor, hay que cargárselo de una vez al caballero. Volvamos a poner tribunal militar porque estamos en guerra”, afirmó López Aliaga.

Estas palabras generaron alarma en gremios periodísticos y la Fiscalía de Prevención del Delito advirtió que podían interpretarse como una instigación al homicidio, con el consiguiente “riesgo para la vida” del periodista.

La Sociedad Interamericana de Prensa y el Instituto Prensa y Sociedad responsabilizaron al Gobierno peruano por cualquier daño que pudiera sufrir Gorriti, asegurando que el discurso del alcalde incitaba al odio y ponía en peligro la labor periodística. Por su parte, Gorriti calificó estas expresiones como desinformativas y peligrosas para la democracia.

Otra de las propuestas más controvertidas de López Aliaga consistió en el uso de drones con inteligencia artificial para combatir la criminalidad. Defendió la idea de adquirir drones que puedan neutralizar delincuentes y afirmó que podrían amenazarlo son “explotar”, aunque luego dio marcha atrás en su declaración y sostuvo que algunos modelos pueden dejar con vida al sospechoso

“La tecnología permite intervenir sin contacto físico”, argumentó, en otro evento público. Cuando la viabilidad de su propuesta fue cuestionada, López Aliaga sugirió: “hay que leer un poquito más”.

Su asesor de seguridad, Alberto Jordán, explicó en Canal N que la expresión “explotar” debía entenderse como una “respuesta rápida de las unidades de seguridad”, no como el uso literal de explosivos. Admitió que el alcalde no tiene conocimientos técnicos sobre la materia, pero insistió en la búsqueda de soluciones innovadoras a la inseguridad.

El tren Lima-Chosica fue uno de los proyectos más polémicos y provocó un abierto conflicto con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). López Aliaga anunció la adquisición de 93 vagones y 20 locomotoras de la empresa Caltrain como si se tratara de una donación, pero documentos revelados por La Encerrona mostraron que la municipalidad pagó más de USD 22 millones, contradiciendo la versión pública inicial.

Pese a la insistencia de López Aliaga, informes técnicos contratados por la propia municipalidad constataban graves fallas estructurales y mecánicas en los vagoenes, por lo cual el caso fue elevado a la Contraloría y la Fiscalía. Sin un expediente técnico final ni acuerdo con el MTC, el material permanece almacenado y sigue sin contar con una fecha de operación.

El enfrentamiento escaló cuando López Aliaga acusó al ministro de Transportes, César Sandoval, de poner trabas políticas y amenazó reiteradas veces con convocar marchas ciudadanas para presionar al titular del MTC y acelerar la implementación del tren, algo que finalmente no se logró. Ambos funcionarios renunciaron a sus cargos y el tren Lima - Chosica sigue sin funcionar.

El alcalde responsabilizó también a la Contraloría, la Sunat y la prensa de “campaña en su contra”, mientras la Presidencia del Consejo de Ministros avalaba al ministro Sandoval y calificaba de “lamentables” las expresiones del burgomaestre.

La Vía Expresa Sur, anunciada por López Aliaga como un “hito histórico”, fue inaugurada sin estar finalizada. Hasta el momento solo se habilitaron cinco kilómetros de vías principales; los carriles auxiliares permanecen sin asfaltar y la señalización es insuficiente.

Vecinos y comerciantes ya expresaron su malestar por la escasa información. El resultado fue caos vehicular, contaminación y riesgos para peatones y conductores.

Además, la Municipalidad de Lima recibió una multa de más de S/160 millones del MTC por iniciar la obra sin los permisos ambientales. López Aliaga atribuyó la sanción a un acto de acoso político y acusó al ministerio de ser una “mafia”.

En septiembre de 2025, el alcalde Rafael López Aliaga buscó una reunión privada con el papa León XIV en el Vaticano, pero el encuentro no se concretó. En ese contexto, el alcalde denunció haber sido víctima de una “emboscada planificada” para frustrar la cita y luego viajó a Washington D.C. por un proceso judicial vinculado al caso Odebrecht.

Sin embargo, la Santa Sede no accedió a la audiencia privada, aduciendo problemas de agenda y la intención de evitar el uso de la figura papal con fines políticos. Dos cartas, una firmada por Comuneros de Catacaos, y otra por la Red de Sobrevivientes Perú, encabezada por José Enrique Escardó, primer denunciante público del Sodalicio de Vida Cristiana, advirtieron al sumo Pontífice sobre la naturaleza del encuentro deseado por el alcalde de Lima.

La destitución de Silvana Carrión como procuradora ad hoc del caso Lava Jato ocurrió tras una serie de presiones políticas encabezadas por López Aliaga. Carrión, responsable del cobro de más de S/310 millones en reparaciones civiles al Estado, fue removida por “pérdida de confianza” tras recibir tres oficios del alcalde solicitando su salida.

Carrión denunció que su remoción estuvo manchada por la injerencia política del burgomaestre, pues Renovación Popular enfrenta investigaciones por financiamiento ilícito de campañas. Presentó mensajes y documentos que evidenciarían presiones directas de López Aliaga y del entonces ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, presuntamente para forzar la destitución.

La remoción de Carrión se dio mientras seguían procesos clave contra los expresidentes Alejandro Toledo y Martín Vizcarra, y la exalcaldesa Susana Villarán. La OCDE manifestó su preocupación ante el acoso a fiscales y procuradores en el caso Lava Jato y advirtió sobre el daño a la lucha anticorrupción por la injerencia política.