De Riva Agüero a Pedro Castillo: los presidentes del Perú que fueron vacados por el Congreso bajo la causal de “incapacidad moral”

El clima político en el Perú vuelve a tensarse. En los pasillos del Congreso se habla nuevamente de una posible vacancia presidencial, esta vez contra Dina Boluarte. Aunque el pedido aún no ha sido admitido a debate, las intenciones de distintas bancadas ya han marcado la agenda política de la semana. Según el Reglamento del Parlamento, un proceso de este tipo requiere de un procedimiento formal: la presentación de una moción, la recolección de firmas, la votación para admitirla y el derecho de defensa de la presidenta antes de una resolución final.

La discusión se reavivó tras un ataque armado ocurrido durante el concierto de Agua Marina que dejó cinco heridos. El incidente fue utilizado como argumento por sectores políticos que acusan al Ejecutivo de incapacidad para enfrentar la inseguridad. Desde la derecha conservadora hasta algunos grupos de izquierda, varias bancadas coincidieron en promover una moción para declarar la “permanente incapacidad moral” de Boluarte.

Renovación Popular, liderada por el alcalde de Lima y precandidato presidencial Rafael López Aliaga, fue la primera agrupación en anunciar su iniciativa. Poco después, se sumaron Podemos Perú, del también precandidato José Luna, la Bancada Socialista t Fuerza Popular. Las tres mociones coinciden en un punto: sostienen que la presidenta “no tiene capacidad moral para enfrentar la crisis de seguridad y el avance del crimen organizado”.

Con apenas seis meses para las elecciones generales de 2026, donde se elegirá al sucesor o sucesora de Dina Boluarte, el debate sobre su continuidad se cruza con el inicio de la campaña electoral. Según las encuestas más recientes, la mandataria tiene apenas un 3 % de aprobación, una cifra que la ubica como la presidenta más impopular de la región.

La figura de la vacancia presidencial no es nueva en el Perú. A lo largo de la historia republicana, varios mandatarios fueron destituidos por el Congreso bajo la causal de “incapacidad moral permanente”.

El primer caso se remonta a junio de 1823, cuando el presidente José de la Riva Agüero fue vacado por decisión del Parlamento. Más de un siglo después, en 1914, Guillermo Billinghurst fue destituido tras negarse a convocar una legislatura extraordinaria para aprobar el presupuesto público.

Uno de los episodios más recordados ocurrió el 19 de noviembre del 2000, cuando el Congreso declaró la vacancia del entonces presidente Alberto Fujimori, quien se encontraba en el extranjero y había intentado renunciar por fax. La decisión se basó en su “incapacidad moral permanente”.

En tiempos más cercanos, tres presidentes no completaron sus mandatos por la misma causal. Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) fue el primero, luego de que el Congreso lo señalara por presuntos vínculos con la empresa Odebrecht. Su renuncia llegó antes de la votación, pero la moción de vacancia marcó el fin de su gestión.

Martín Vizcarra (2018-2020) también fue destituido por incapacidad moral. El 9 de noviembre de 2020, el Congreso aprobó su vacancia tras acusaciones de haber recibido sobornos durante su gestión como gobernador de Moquegua. La decisión desencadenó protestas masivas en el país y la salida de Manuel Merino apenas cinco días después de asumir la presidencia.

El caso más reciente fue el de Pedro Castillo (2021-2022). El Congreso aprobó su vacancia inmediata luego de que intentara disolver el Parlamento y anunciar un “gobierno de excepción”. En la Resolución Legislativa que declaró su destitución, se afirmó que el exmandatario buscó “usurpar funciones públicas, impedir el funcionamiento de los poderes del Estado y violentar el orden constitucional”.

El documento citó el artículo 46 de la Constitución, que establece que “nadie debe obediencia a un gobierno usurpador”. Así, se declaró la “permanente incapacidad moral” de Castillo y se aplicó el régimen de sucesión previsto en el artículo 115, que colocó a Dina Boluarte en la presidencia.

Hoy, la historia parece repetirse. Las tres mociones contra Boluarte colocan nuevamente al país frente a un proceso político complejo, con las elecciones generales a la vista y un Congreso fragmentado. Aunque el pedido aún no se admite a debate, el solo anuncio ha reactivado la tensión entre el Legislativo y el Ejecutivo.

Los próximos días serán decisivos para definir si el Congreso avanza hacia una nueva vacancia presidencial o si el intento se diluye en medio de los cálculos electorales. En cualquier caso, el Perú se encuentra otra vez ante una encrucijada política que remite a su propio pasado reciente.