Durante los últimos catorce meses, el transporte público en Lima Metropolitana y el Callao se ha convertido en escenario de hechos violentos que exponen una crisis de seguridad que afecta tanto a pasajeros como a conductores. Los registros oficiales del Ministerio Público detallan que entre agosto de 2024 y octubre de 2025 se contabilizaron 128 víctimas de atentados en este sector, de las cuales sesenta y cinco perdieron la vida y cincuenta y tres resultaron heridas.
Las cifras provienen del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, que presentó un balance preocupante sobre el impacto de la delincuencia en los vehículos de transporte urbano. Este registro, difundido a través de las redes institucionales, evidencia un incremento sostenido de ataques que en muchos casos están vinculados a redes de extorsión.
El detalle estadístico permite observar que los casos se duplicaron en menos de un año. Entre agosto y diciembre de 2024 se reportaron veintinueve víctimas —quince fallecidos y catorce lesionados—, mientras que entre enero y octubre de 2025 el número ascendió a cincuenta y ocho afectados —treinta y cinco muertos y veintitrés heridos—. Del total de víctimas registradas, ochenta y siete fueron identificadas y treinta y una continúan en proceso de identificación.
Estas cifras reflejan un escenario de violencia sostenida en las calles, con consecuencias directas sobre la vida de los usuarios del transporte público y un impacto creciente sobre la percepción de seguridad ciudadana.
Aumento de la violencia y expansión de la extorsión
El incremento de los atentados en unidades de transporte se produce en paralelo al crecimiento de las denuncias por extorsión en todo el país. Entre enero y septiembre de 2025, el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL-PNP) registró 20 mil 705 denuncias, un aumento del 28.8% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 16 mil 075 casos.
El ingeniero electrónico y analista de datos Juan Carbajal explicó que “cada 19 minutos se registra, en promedio, una denuncia por extorsión a nivel nacional”. Esto equivale a setenta y cinco denuncias diarias durante los primeros nueve meses del año. El especialista difundió el análisis a través de sus redes sociales, destacando que el fenómeno no se limita a Lima ni a las zonas tradicionalmente consideradas de riesgo, sino que se expande a distintas regiones del país.
El Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana confirmó que 19 regiones reportaron un incremento de casos respecto a 2024. En varias zonas del norte y del sur, las autoridades locales enfrentan modalidades de extorsión que incluyen amenazas contra empresarios de transporte, comerciantes y prestadores de servicios públicos.
Carbajal también advirtió que los datos del SIDPOL-PNP, aunque alarmantes, “aún son menores a los registros oficiales del Ministerio Público”, que actualizará próximamente su reporte nacional sobre criminalidad. Esta diferencia de cifras sugiere que el número real de delitos podría superar las estadísticas policiales y revelar una situación más crítica.
Impacto en Lima y Callao
En Lima Metropolitana y el Callao, el transporte urbano se ha convertido en uno de los blancos preferidos de las bandas extorsivas. Los ataques con explosivos y los incendios provocados contra buses y combis son parte de una práctica criminal que busca intimidar a los empresarios del rubro para obligarlos a pagar cuotas de “seguridad”.
El Ministerio Público mantiene en curso investigaciones por los atentados cometidos en distintas zonas de la capital y del puerto, en su mayoría relacionados con disputas territoriales entre organizaciones delictivas. Los reportes del Observatorio de Criminalidad precisan que muchos de los hechos se concentran en distritos con alta densidad poblacional y rutas de transporte informal.
En ese contexto, las autoridades del sector justicia insisten en la necesidad de fortalecer los mecanismos de denuncia y protección para conductores y pasajeros. Las estadísticas difundidas no solo describen el impacto de la violencia, sino que alertan sobre un fenómeno criminal que se consolida en el transporte público como reflejo del avance de la extorsión en el país.
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