Hijos de choferes asesinados por extorsionadores recibirán apoyo económico de S/400 hasta que cumplan 18 años

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ana Peña Cardoza, anunció este martes una medida de apoyo para las familias de los choferes asesinados por bandas de extorsionadores en los últimos meses. Los hijos de las víctimas recibirán una asistencia económica de 400 soles bimensuales hasta que cumplan los 18 años, con posibilidad de extender el beneficio si continúan sus estudios superiores.

Según explicó la titular del MIMP, el objetivo del programa es garantizar la protección y el bienestar de los menores de edad que han quedado en situación de vulnerabilidad tras los ataques de las bandas criminales.

“Ya estamos preparando los expedientes y el propósito es que puedan tener una asistencia económica bimensual de 400 soles por cada niño, niña o adolescente hasta que cumpla la mayoría de edad, y se podría extender si continúa en estudios”, precisó Peña Cardoza en conferencia de prensa.

Además del subsidio económico, el MIMP brindará acompañamiento psicológico y orientación social a las familias afectadas, como parte de una atención integral que incluye el acceso a programas estatales. “Queremos asegurar que los niños tengan las mismas oportunidades de desarrollo. No solo recibirán el apoyo económico, también contarán con todos los servicios que ofrece el Estado, como Beca 18”, añadió la ministra.

Peña Cardoza señaló que esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de atención a víctimas de la violencia criminal. En esa línea, indicó que el Gobierno atenderá todos los casos registrados, no solo de los choferes fallecidos, sino también de los transportistas que resultaron heridos durante los atentados.

Mientras el Ejecutivo prepara la implementación de esta medida, las esposas de varios transportistas heridos continúan enfrentando dificultades económicas para cubrir los tratamientos y hospitalizaciones de sus parejas. Este martes, un grupo de mujeres organizó una pollada pro-fondos en el distrito de San Juan de Lurigancho, con el objetivo de recaudar dinero y costear los gastos médicos.

“Estamos realizando una pollada para poder ayudarnos de alguna forma, para los gastos médicos de nuestras parejas. No hay respuesta del Gobierno, y la inseguridad ciudadana nos impide trabajar con tranquilidad”, manifestó una de las organizadoras desde el patio de maniobras de la empresa Santa Catalina, donde se llevó a cabo la actividad.

Alicia Caire, esposa del transportista Marco Antonio Huamán Cosco, contó que su pareja fue atacada a balazos hace dos semanas mientras abastecía de combustible su vehículo en plena avenida Circunvalación. Ante la falta de apoyo estatal, relató que los familiares de los choferes heridos organizaron una pollada pro-fondos para cubrir los gastos médicos. “Estamos realizando una pollada para poder ayudarnos de alguna forma con los gastos médicos de nuestras parejas. El tema de la paralización y la inseguridad ciudadana también nos afecta, porque no hay respuesta del Gobierno para que uno pueda salir a trabajar con seguridad”, expresó.

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, descartó que el Ejecutivo declare en emergencia el sector transporte, pese a la creciente presión de gremios de conductores y del Congreso de la República. Su pronunciamiento se da en medio de una escalada de violencia que afecta a choferes y usuarios en Lima y Callao, y tras las movilizaciones y paros realizados el 6 de octubre, en las que los transportistas exigieron acciones inmediatas para frenar los atentados, extorsiones y asesinatos vinculados al crimen organizado.

Durante una reunión de alto nivel convocada en el Parlamento, gremios de transporte y legisladores acordaron solicitar formalmente al Gobierno la activación del mecanismo de declaratoria de emergencia, con el fin de otorgar mayores facultades a la Policía Nacional y acelerar las medidas de seguridad en el sistema de transporte público. La propuesta buscaba una respuesta rápida ante el incremento de ataques contra conductores en diferentes distritos de la capital.

Sin embargo, el premier Arana sostuvo que el Estado ya cuenta con herramientas legales y operativas para enfrentar la crisis sin necesidad de una nueva declaratoria específica para el transporte. “Ya existe incluso una declaratoria de emergencia en Nato. Ya hay una declaratoria de emergencia. O sea, ya es válido. Si tuviéramos que decir que hay una declaratoria de emergencia, ya está”, afirmó el jefe del Gabinete Ministerial ante los medios de comunicación.