Libertad de prensa bajo asedio en Perú: Más de 20 periodistas agredidos y hostigados solo en septiembre, advierte CPP

Un clima de hostilidad hacia la prensa se intensifica en Perú, según el más reciente informe del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), que documenta un aumento de ataques, amenazas y restricciones legales que se han evidenciado solo en el mes de septiembre de 2025.

El reporte revela que más de 20 periodistas sufrieron agresiones por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante la cobertura de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. Las amenazas de muerte, el hostigamiento judicial y las iniciativas legislativas que buscan limitar la libertad de expresión constituyen un escenario preocupante.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú reporta que cerca de 20 periodistas resultaron heridos o fueron hostigados mientras cubrían manifestaciones en Lima y otras ciudades. Entre los medios afectados figuran La República, Canal N, Ojo Público, Hildebrandt en sus Trece, Exitosa, El Foco, ATV, Wayka, Reuters y Vía TV.

La PNP disparó perdigones a reporteros como Jahaira Pacheco y Percy Grados. Víctor Castillo, de Canal N, fue acorralado por agentes policiales, quienes bloquearon su labor informativa y lo insultaron, mientras que Jorge Ballón, periodista independiente, narró al Consejo de la Prensa Peruana cómo, tras identificarse, un policía lo agredió físicamente: “Me metió cabe, me empujó y me fui de espaldas. Luego pateó mi celular y me volvió a empujar”.

Representantes de Exitosa denunciaron también que camarógrafos y reporteros de su medio también fueron atacados con perdigones de goma. Además de la violencia policial, los periodistas sufrieron robos de equipos e intimidaciones de manifestantes.

El acoso a la prensa trasciende el ámbito de las calles. El informe del Consejo señala que la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción solicitó levantar el secreto de las comunicaciones de los periodistas Rodrigo Cruz Arana y César Prado Malca, dentro de una investigación por presunto cohecho.

Dicha solicitud se basa en declaraciones de Miguel Girao, exasesor de la exfiscal Patricia Benavides, quien afirmó que la fiscal Marita Barreto habría pedido a los periodistas publicar información negativa sobre Delia Espinoza. Tanto Cruz como Prado rechazaron estas acusaciones. El Consejo de la Prensa Peruana advierte que normalizar este tipo de medidas y la tendencia a involucrar a periodistas en causas judiciales amenaza gravemente la libertad de prensa.

En regiones, la presión judicial también crece. El juez y expresidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, Juan Francisco Ticona Ura, presentó una demanda por difamación y habeas data contra Oscar Pareja Castro, director del diario Los Andes, exigiendo borrar una publicación crítica sobre la designación de una funcionaria sancionada. Ticona también pidió obtener la fuente informativa, aunque un juzgado de Puno solo ordenó eliminar la nota, sin permitir la revelación de la identidad de la fuente.

El caso de Karla Ramírez, jefa de investigación de Panamericana TV, ejemplifica otro tipo de hostigamiento. La PNP la denunció por acoso, alegando que durante un mes realizó llamadas y envió mensajes a oficiales para obtener respuestas periodísticas. La acusó de alevosía, calumnia y difamación, acción que el Consejo de la Prensa Peruana considera abuso del Código Penal y represalia contra su labor.

El clima de amenazas se agudizó tras la declaración del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien en un evento afirmó: “Hay que cargarse a Gorriti”, expresión que, en la jerga local, equivale a asesinar. El periodista Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, ha sido blanco de reiteradas intimidaciones de López Aliaga, quien incluso prometió expulsarlo del país si accede a la presidencia.

Gorriti anunció una denuncia contra el alcalde por incitación al asesinato y resaltó que lidera las encuestas presidenciales de 2026 con 11%. El Consejo de la Prensa Peruana subraya la gravedad de estas amenazas, particularmente en un contexto nacional en el que se han producido asesinatos y amenazas de muerte contra periodistas.

Desde el Congreso, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a iniciativa del congresista José Luis Elías Ávalos, analiza un proyecto que modificaría el Código Penal para sancionar la publicación “indebida” de mensajes o correos electrónicos, salvo que exista interés público. El CPP advierte que, de aprobarse, esta reforma limitaría el uso de comunicaciones privadas como prueba en casos relevantes, lo que podría obstaculizar investigaciones periodísticas sobre corrupción.

Por vía administrativa, la PNP resolvió reservar por cinco años la información contenida en las bases de datos del Sistema de Denuncias Policiales y del Sistema de Registro de Denuncias de Investigación Criminal. El Consejo denuncia que esta medida restringe el acceso a información pública y dificulta la labor de fiscalización y transparencia.

El análisis institucional sostiene que el levantamiento del secreto de las comunicaciones solo debería aplicarse bajo estándares judiciales estrictos y alerta sobre la creciente tendencia a involucrar a la prensa en investigaciones motivadas por venganza o persecución. Las exigencias de remoción de contenidos y la revelación de fuentes se han vuelto más frecuentes, especialmente en regiones donde algunos jueces presionan para eliminar reportajes sobre corrupción, ignorando el papel central de un periodismo libre.

Finalmente, el CPP concluye que las denuncias por acoso contra Karla Ramírez y la reserva de datos policiales constituyen una política institucional orientada a restringir el acceso a la información pública. Estas acciones, además de contradecir los principios de transparencia, obstaculizan la rendición de cuentas, el interés público y el conocimiento de delitos cometidos por funcionarios, lo que abre la puerta al encubrimiento de prácticas políticas irregulares.