Cada ocho horas un chofer es asesinado: más de 80 víctimas y un negocio criminal que mueve S/6 millones al mes en Lima y Callao

El paro de transportistas que comenzó esta semana en Lima y Callao expuso una realidad que los conductores vienen denunciando desde hace meses: la falta de protección frente a las mafias de extorsionadores que controlan el transporte público. Los asesinatos de choferes se han vuelto tan frecuentes que, según el Observatorio de Criminalística, cada ocho horas un conductor pierde la vida a manos de sicarios.

La situación ha encendido las alarmas entre las más de 400 empresas formales de Lima y Callao, que aseguran pagar cupos de hasta S/15 mil por unidad solo para seguir operando. Las pérdidas mensuales, calculadas en alrededor de S/6 millones, reflejan la magnitud de un negocio criminal que avanza sin resistencia. Mientras tanto, los trabajadores han salido a las calles no para pedir aumentos, sino para exigir sobrevivir.

Una investigación de Ocurre Ahora, basada en reportes del Observatorio de Criminalística, confirma que el transporte público se ha convertido en uno de los sectores más peligrosos del país. Más de 80 choferes han sido asesinados en lo que va del 2025, la mayoría en ataques perpetrados por sicarios en motocicleta que operan en rutas de alta circulación.

Entre las víctimas figuran Paul López, asesinado en abril por negarse a pagar cupos, y los conductores Gustavo Salazar y Carlos Advíncula, cuyos casos permanecen impunes. La mayoría de los ataques ocurre durante los primeros turnos del día, cuando los buses inician su recorrido y el control policial es escaso.

Las organizaciones criminales han convertido el cobro de cupos en su fuente más rentable. De acuerdo con testimonios recabados por la investigación, cada empresa debe aportar entre S/10.000 y S/15.000 por bus al mes, bajo amenaza de sufrir ataques armados. El pago se realiza de forma encubierta a intermediarios que recogen el dinero en terminales o puntos fijos.

El impacto económico de esta red de extorsión alcanza los S/6 millones mensuales, afectando la operatividad de las empresas formales y empujando a muchas a reducir personal o suspender servicios. Los propietarios afirman que han denunciado la situación ante las autoridades, pero aseguran no recibir respuesta.

Los relatos de los propios trabajadores revelan un clima de terror que se ha normalizado en las rutas urbanas. Miguel Jiménez, conductor de la empresa El Rápido, sobrevivió a un intento de extorsión y fue uno de los que encabezó la protesta en el óvalo Habich. Frente a un cordón policial, reclamó que el Estado los proteja. “Nos cierran las vías, nos dejan solos. Solo queremos seguir trabajando”, dijo entre lágrimas.

La cobradora Soledad Mújica, con más de 20 años de servicio en la empresa Aquarius, también participó en las movilizaciones realizadas en el óvalo de Cantagallo. Llevaba un cartel con la foto de su compañero asesinado. “Ya no pedimos mejoras, solo pedimos no morir en la ruta”, expresó mientras exigía justicia por sus colegas.

El paro convocado esta semana no busca cambios laborales ni incrementos salariales. Los transportistas piden algo más elemental: garantías para seguir vivos. En los puntos de concentración, los manifestantes denunciaron que las rutas de Lima Norte, San Martín de Porres, Comas y Carabayllo se han vuelto zonas dominadas por extorsionadores.

Las movilizaciones coincidieron con los últimos reportes del Observatorio de Criminalística, que alertan sobre el crecimiento de los asesinatos de choferes y cobradores en el primer semestre del año. Pese a los operativos anunciados por la Policía, los ataques continúan y la sensación de abandono se extiende entre quienes viven del transporte público.