El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, se pronunció este lunes 6 de octubre respecto al paro de transportistas convocado en protesta por la ola de asesinatos de choferes y casos de extorsión que afectan al sector. Sandoval brindó declaraciones a la prensa tras su participación en la Comisión de Presupuesto del Congreso, en medio de una jornada marcada por la tensión y el reclamo de mayor seguridad por parte de los gremios de transporte.
Desde tempranas horas, miles de usuarios presenciaron la reducción del servicio de transporte público por la decisión de un sector de transportistas que decidió acatar la medida de fuerza para exigir acciones concretas frente a los reiterados ataques contra conductores.
Ante esta situación, Sandoval aclaró que el paro no fue total. “Cuando yo digo parcial es porque también hay otro sector que sí se está movilizando”. Para el ministro, la movilización muestra cierta división dentro del gremio transportista y reconoce que existen mesas de trabajo donde se plantean soluciones conjuntas.
Pese a no querer ahondar sobre la dificultad de miles de ciudadanos para movilizarse hoy, el ministro del sector decidió ‘destacar’ el diálogo que mantiene con distintos gremios. “Lo han dicho los dirigentes de todos los sectores que están trabajando con una mesa de trabajo y que con el sector Transporte no tienen ningún problema, dado que con ellos estamos permanentemente tomando acciones que corresponden a mi cartera”, afirmó.

Paro de transportes no resuelve problemática
Durante su intervención, Sandoval dio a conocer que en las próximas horas se realizará una reunión con representantes del sector. “En dos horas voy a tener un evento en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y, gustosamente, los invito. Ahí puedo responder a todas las preguntas necesarias”, señaló y se retiró sin dar un balance del paro de transportistas que hoy fue acatado en su mayoría y perjudicó el traslado de miles de trabajadores a sus centros de labores.
La ola de violencia que afecta al transporte ha generado temor e indignación entre los trabajadores del rubro. Los homicidios de choferes y las extorsiones han sido motivo de alarma en diferentes regiones del país, lo que motivó la convocatoria del paro desde las bases de transportistas. Sin embargo, Sandoval recalcó que detener el servicio no resuelve la problemática de fondo. Ante la pregunta sobre el mensaje hacia quienes optaron por paralizar labores, fue claro: “El mensaje es que hay que conversar, hay que escuchar”.
El ministro reconoció los avances obtenidos tras el diálogo con otras instancias estatales. Hizo especial referencia a los esfuerzos articulados entre las diferentes instituciones encargadas de garantizar la seguridad ciudadana. “Hoy se ha consolidado, o se está consolidando, la articulación entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional. Se están dando las condiciones y las estrategias”, explicó Sandoval.
En ese sentido, el funcionario destacó la importancia de mantener canales de coordinación constantes entre los diferentes actores involucrados en la seguridad, como una vía para enfrentar la compleja situación que atraviesa el país. “Lamentablemente ocurrió un fallecimiento que todos lo lamentamos y yo espero que este día se superen algunas cosas”, expresó.

Bloqueo de vías, bocinazo y reclamos de los transportistas
El paro de transportistas en Lima y Callao ha generado una paralización masiva del servicio público, tras el asesinato de un conductor en San Juan de Miraflores. La medida, impulsada por Martín Ojeda, representante de la Cámara Internacional del Transporte, responde a la escalada de violencia y extorsión que afecta al sector, y amenaza con extenderse sucesivamente si se produce una nueva víctima mortal.
El impacto de la protesta se evidenció en el norte de Lima, donde el “apagado de motores” paralizó zonas como Carabayllo. Manifestantes bloquearon ambos sentidos de la avenida Túpac Amaru con llantas encendidas, piedras y basura, lo que interrumpió el tránsito y el servicio del Metropolitano. La policía intervino para despejar la vía, lo que derivó en enfrentamientos y dejó varios heridos, incluida una mujer con un golpe en la cabeza.
La convocatoria al paro fue respaldada por empresas emblemáticas de San Juan de Lurigancho —como Huáscar, Santa Catalina y La 50—. El acuerdo, adoptado en una reunión gremial, establece que ante cada nuevo asesinato de un trabajador del transporte urbano, se suspenderá el servicio en los principales corredores de Lima y Callao el día hábil siguiente. “Más de quince millones de viajes en Lima y Callao quedan en riesgo”, advirtió Ojeda.
La paralización afectó gravemente la movilidad de miles de usuarios. En puntos como Puente Nuevo, se formaron largas filas de pasajeros que esperaron durante horas por un bus, mientras la Policía Nacional del Perú (PNP) dispuso unidades para trasladar a quienes se dirigían a sus trabajos. La suspensión del servicio formal favoreció la proliferación de colectivos informales, que cobraron entre 8 y 10 soles por trayectos cortos, y en los que los pasajeros viajaron en condiciones de hacinamiento y riesgo.
El Seguro Social de Salud (EsSalud) anunció que los asegurados que no pudieron asistir a sus citas médicas por el paro podrán reprogramarlas de inmediato a través de la central telefónica, para evitar la pérdida de acceso a servicios de salud.
Durante la protesta, los transportistas exigieron justicia por los compañeros asesinados y reclamaron mayor seguridad. “No sabemos si salimos y regresamos con vida”, expresó un conductor a la prensa. Los manifestantes denunciaron la falta de protección efectiva por parte de las autoridades y demandaron acciones concretas del Gobierno para frenar la ola de asesinatos y extorsiones.
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