
La controversia entre Petróleos del Perú – Petroperú S.A. y Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros ha escalado luego de que la empresa estatal presentara una demanda judicial para exigir el pago de más de 432 millones de dólares estadounidenses.
Tal como adelantó Infobae Perú en julio pasado, el reclamo surge tras el rechazo de la multinacional española de reconocer el siniestro derivado de la paralización del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT) durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia.
Petroperú demanda a Mapfre por cobertura de seguro ante COVID-19
De acuerdo con la documentación a la que accedió Infobae Perú, la póliza de seguro de construcción N° 23018100089 ampara los retrasos ocasionados por enfermedades infecciosas bajo la cláusula 9 de su Sección II. La petrolera argumenta que la presencia de COVID-19 en el lugar de la obra se ajusta a los términos contractuales, pues la póliza contempla como supuesto de cobertura tanto la existencia de una enfermedad infecciosa como la aparición de organismos capaces de propagarla en el área asegurada.
Según la demanda, Petroperú sostiene que el COVID-19 fue reconocido oficialmente como enfermedad infecciosa por autoridades sanitarias y que el virus SARS-CoV-2 se encontraba presente en Perú al momento de la paralización. “La cobertura se extiende a cualquier retraso originado por el descubrimiento de un organismo que pueda causar una enfermedad infecciosa, sin exigir que dicho organismo haya provocado contagios en la obra”, expresa el argumento legal de la petrolera.
Petroperú reclama 432 millones de dólares a Mapfre por paralización de Talara
Petroperú sustenta su posición citando la jurisprudencia emitida por la Corte del Reino Unido en el caso Financial Conduct Authority v. Arch Insurance (UK) Ltd & others, donde se determinó que las pólizas sí cubren las pérdidas por interrupción si se verifica al menos un caso de COVID-19 dentro del radio geográfico pactado. De acuerdo con el expediente, el 10 de abril de 2020 se registró el primer paciente dentro de las 25 millas del lugar de la obra, especialmente en los distritos de Los Órganos, Máncora y Pariñas.
La póliza, en su numeral (b), literal (iii), también cubre la orden de cierre total o parcial de la obra dispuesta por una autoridad local o gubernamental, siempre que dicha decisión se vincule con las circunstancias previstas en el literal (a). Petroperú argumenta que la paralización obedeció a disposiciones oficiales debido al brote de COVID-19 en la provincia y en la zona donde opera la refinería.
Petroperú solicita embargo de fondos a Mapfre en disputa por seguro
Respecto a los daños económicos, Petroperú presentó un informe pericial, elaborado por FTI Consulting, que detalla los gastos ocasionados por la paralización de la obra. El monto reclamado en la demanda alcanza 432 millones 800.000 dólares estadounidenses, suma que la petrolera sostiene debió ser cubierta por la aseguradora conforme a la póliza vigente.
En la esfera procesal, Petroperú solicitó una medida cautelar de embargo en forma de retención sobre fondos de Mapfre, como garantía para la eventual ejecución de una sentencia favorable. La solicitud subraya la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora debido a la negativa de Mapfre a cumplir con sus obligaciones contractuales, lo que, sostiene la estatal, pone en riesgo su sostenibilidad financiera.
Mapfre tiene 30 días para responder demanda de Petroperú
La justicia peruana, a través del 14° Juzgado Comercial, admitió a trámite la demanda el 29 de septiembre de 2025 a través de la Resolución N° 1, otorgando a Mapfre un plazo de 30 días para responder una vez notificada. Se dispuso además la notificación del proceso a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
Una fuente externa que ha seguido el caso sostiene que la resolución de la demanda definirá el alcance de la cobertura de las pólizas de seguros en circunstancias excepcionales como una pandemia y marcará un antecedente para futuros litigios entre empresas estatales y aseguradoras en situaciones de interrupción masiva de obras estratégicas.
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