Agresores uniformados: Revelan que más de 2.200 policías enfrentan investigación por feminicidio y violencia sexual

Un informe de OjoPúblico muestra que la gran mayoría de investigados ocupa el rango de suboficial, aunque también figuran mandos superiores. Las denuncias abarcan feminicidio, abuso sexual y malos tratos físicos y psicológicos

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Entre 2018 y 2024, al
Entre 2018 y 2024, al menos 2.239 policías en Perú fueron investigados por casos de violencia machista, incluidos feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia sexual, física y psicológica

Al menos 2.239 policías fueron investigados entre 2018 y 2024 por violencia machista, según una investigación publicada este domingo por OjoPúblico, basada en resoluciones del Tribunal de Disciplina Policial y solicitudes de acceso a información pública.

Las autoridades identificaron denuncias por feminicidio, tentativa de feminicidio, violencia sexual, física y psicológica. Las víctimas incluyen parejas, exparejas, mujeres gestantes, intervenidas, personal subalterno, menores de edad —algunas con embarazos— y miembros vulnerables de su entorno familiar.

De acuerdo con el portal de investigación, la mayoría de los policías investigados corresponde al rango de suboficiales (94%), aunque también aparecen alféreces, capitanes, tenientes, mayores, comandantes y generales. Algunos expedientes involucran investigaciones por omisión al tramitar denuncias, en ocasiones referidas a colegas. Otros casos apuntan a disuadir a la víctima, sugerir arreglos extrajudiciales o utilizar términos inadecuados.

El informe también recoge que, entre febrero de 2022 y agosto de 2025, el Ministerio del Interior registró 584 reclamos contra policías por negligencia en la atención y tramitación de denuncias por violencia de género y familiar. Solo en 2025 sumaron 133 reportes, la mayoría procedente de Lima.

El 94% de los policías
El 94% de los policías investigados pertenecen al rango de suboficiales, aunque hay involucrados en todos los niveles de la jerarquía policial, desde alféreces hasta generales

De 2018 a 2024, el Tribunal de Disciplina Policial documentó al menos 2.360 procedimientos administrativos relacionados con violencia de género o familiar, que involucraron a los 2.239 efectivos señalados. Siete agentes —un oficial y seis suboficiales— ingresaron a investigación por presunto feminicidio en Áncash, Pasco, Callao, Lima, Piura y Cajamarca.

En los casos analizados se cuentan agresiones psicológicas, físicas, sexuales y tentativas de feminicidio. El 34% de los policías resultó absuelto, el 33% recibió sanción y solo el 3% fue retirado de la institución.

Incidencia en regiones

Lima y Callao concentraron el 34% de los casos, seguidos por Junín (6%), Arequipa (5%), Piura (5%) y Cusco (5%). La condición de suboficial predominó en nueve de cada 10 investigados.

El análisis detecta patrones adicionales: estado de ebriedad, uso de armas de fuego y maniobras para evadir intervenciones usando su cargo policial. Entre enero de 2017 y julio de 2025 se documentaron 490 denuncias contra policías por violencia sexual, principalmente por violación (222) y actos contra el pudor (182). Lima aparece con la mayor cantidad de reportes (188).

PNP garantiza derecho a protestar
PNP garantiza derecho a protestar pero advierte acción contra quienes se infiltran para desestabilizar. (Foto: X/@PNP)

La reincidencia figura entre los problemas persistentes. OjoPúblico identificó 269 policías bajo esa condición. Un caso ejemplar arroja a un efectivo que sumó cuatro procesos disciplinarios por agresiones físicas a la madre de su hijo entre 2020 y 2024, antecedido por tres denuncias previas que no originaron medidas administrativas. Su salida de la institución se concretó poco más de un año atrás.

La semana pasada, el nuevo jefe de la PNP, Óscar Arriola, anunció una “limpieza” interna para combatir la corrupción y depurar a los agentes vinculados a organizaciones criminales. Defendió el respeto a los derechos humanos y afirmó que la institución garantizará el derecho a la protesta pacífica. También prometió fortalecer los controles internos y la inteligencia policial para sancionar a quienes usen el uniforme para delinquir.