La Municipalidad Distrital de Surco ejecutó un operativo en la urbanización Los Álamos, en Santiago de Surco, donde intervino 114 predios por ocupación ilegal de áreas públicas. Participaron maquinaria pesada y efectivos policiales, quienes supervisaron la restitución de terrenos originalmente destinados a la recreación vecinal.
Funcionarios municipales señalaron que varias viviendas habían convertido áreas verdes en patios privados, piscinas y otras instalaciones de uso exclusivo. La intervención generó controversia por la suspensión parcial de la demolición de la vivienda de la congresista María Acuña Peralta.
Caso de María Acuña y suspensión de la demolición
El caso de la congresista María Acuña Peralta concentró la atención durante el operativo. Según información del municipio, Acuña ocupaba 165 metros cuadrados de espacio público y se logró recuperar cerca de 100 metros cuadrados de manera voluntaria. Sin embargo, quedaban 66 metros cuadrados que la Municipalidad de Surco intentaba recuperar.
El último viernes, la intervención en su vivienda tuvo que detenerse por la presencia de una persona en una de las habitaciones programadas para ser derruidas. “En vista de afines a salvaguardar la vida y la seguridad de la señora, voy a tener que suspender la ejecución”, declaró una funcionaria del municipio a 24 Horas.
En la zona, otros propietarios enfrentaron escenarios similares. Algunos lotes quedaron fuera del operativo debido a demandas judiciales presentadas por los residentes. Un funcionario explicó que, aunque se comprobó la irregularidad de estos terrenos, la normativa impone la suspensión del procedimiento ante la existencia de una revisión judicial.
En varias fachadas aparecieron documentos del Poder Judicial y carteles con el mensaje “No al abuso municipal”, reflejando la resistencia de los vecinos a la medida.
Contexto legal y reacciones vecinales
El contexto legal de la intervención presenta múltiples aristas. El delito de usurpación agravada, aplicable a quienes ocupan ilegalmente espacios públicos, puede conllevar penas de hasta 12 años de prisión. La presentación de demandas judiciales por parte de los propietarios ha ralentizado los operativos, ya que la resolución de estos casos puede tomar varios meses.
El abogado Manuel Zeña, representante de 90 propietarios, calificó las acciones del municipio como arbitrarias y abusivas. “Este es un delito, un delito de usurpación de funciones y de abuso de autoridad, de violación de la propiedad privada y de daños materiales”, afirmó Zeña, quien anunció que han presentado denuncias penales contra funcionarios municipales y efectivos policiales.
Las reacciones de los vecinos han sido diversas. Algunos accedieron voluntariamente a la restitución de los terrenos, mientras otros denunciaron un supuesto atropello a sus derechos y la violación de la propiedad privada.
Plan municipal y advertencias a ocupantes irregulares
La Municipalidad de Surco ha reiterado que estos operativos forman parte de un plan integral dirigido a recuperar los 11 parques invadidos en Los Álamos, superficie que abarca cerca de 42.000 metros cuadrados distribuidos en 213 lotes.
Las autoridades han advertido que continuarán las acciones hasta restituir completamente los espacios públicos y han instado a los ocupantes irregulares a regularizar su situación para evitar consecuencias legales. El municipio mantiene su compromiso de devolver estas áreas verdes a la comunidad, pese a la controversia generada entre residentes y autoridades.
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