El obispo de Juli que fue echado por el papa León XIV: tenía 10 parejas y fue acusado de estafa y corrupción

El papa León XIV aceptó la renuncia de Ciro Quispe López, obispo de Juli, tras la revelación de un escándalo que involucró a diez mujeres y acusaciones de estafa y corrupción en la administración eclesiástica de Juli, Puno. El caso se hizo público en julio de 2024.

Según información difundida por la revista Hildebrandt en sus trece, Quispe López sostuvo simultáneamente relaciones íntimas con al menos una decena de mujeres, incluyendo monjas, novicias y empresarias de Cusco. El medio señala que las pruebas presentadas ante el Vaticano incluyeron audios, fotos, videos y mensajes, recabados por las propias mujeres involucradas y una exempleada del obispado conocida como “Julia”.

La exempleada describió que las relaciones ocurrían dentro de las instalaciones de la prelatura de Juli, y que el obispo tenía un control estricto sobre la organización de las visitas. “El caso salió a flote porque las mujeres se enteraron de que el obispo salía con varias de ellas a la vez y eso las enfureció”, relató Kevin Moncada, autor del reportaje en Sin Fronteras, citado por la revista.

Entre las pruebas recopiladas constan mensajes de voz donde Quispe López manifiesta afecto a sus parejas y videos en los que aparece en situaciones íntimas. En una grabación de catorce minutos, aportada por una de las denunciantes al Vaticano, se constata una relación sexual dentro del obispado. El material formó parte fundamental de la investigación que lideró el visitador apostólico Marco Cortez Lara, obispo de Tacna y Moquegua.

“Veía toallas higiénicas, rastros de sangre en la cama, pelos de mujer en la ducha, latas de cerveza. Sus sábanas tenían manchas… Todo eso tenía que limpiar”, declaró “Julia”, quien también denunció amenazas tras exponerse el caso. Otros empleados confirmaron al periodista Moncada la existencia de múltiples visitas femeninas al recinto y mencionaron un episodio en que el obispo ofreció alcohol a una menor durante la pandemia.

El impacto en la comunidad fue inmediato. Las feligresías y autoridades aymaras exigieron explicaciones y obligaron al obispo a devolver cerca de 100.000 soles, dinero de un programa de las Naciones Unidas, que nunca llegó a las asociaciones beneficiarias de Ácora. El medio documentó cómo los dirigentes comunitarios advirtieron que, de no restituirse los fondos, habría un castigo público en la catedral.

Las denuncias no se limitaron a la vida privada de Quispe López. Sin Fronteras y Hildebrandt en sus trece expusieron contratos y beneficios que el obispo habría adjudicado a algunas de sus parejas. Entre las personas señaladas está Elizabeth Céspedes del Carpio, propietaria de una clínica que recibió contratos del obispado para campañas de salud, y Noni Ayestas Castillo, arquitecta que obtuvo cargos y contratos para su familia mediante proyectos comunitarios.

En otro caso, el obispo habría gestionado el alquiler de una casa de retiro, propiedad de la Iglesia, sin usar los fondos internacionales destinados para su remodelación, intentando luego justificar el gasto con las facturas del arrendatario. El empresario Bernabel Quispe Mamani asegura que invirtió 280.000 soles en el inmueble y que fue desalojado tras reclamar la situación. “Es un matón que merece ir a la cárcel”, sostuvo el empresario a Hildebrandt en sus trece.

En 2023 se comprobó que mobiliario de una casa de retiro fue trasladado a una pollería de propiedad de Quispe López en Cusco, según el reportaje de Sin Fronteras.

El Vaticano envió en dos oportunidades al monseñor Cortez Lara para entrevistar a las denunciantes, recopilar evidencia física y tomar testimonios del entorno eclesiástico. Según el periodista Liubomir Fernández, consultado por Hildebrandt en sus trece, las mujeres involucradas recibían roles destacados en la prelatura como parte de una estrategia para mantener dominio emocional sobre ellas.

El martes pasado, Ciro Quispe López ofició una misa de despedida en la catedral de Juli, evento que la comunidad transformó en un reclamo público por los fondos no rendidos. El acto selló la salida del obispo, mientras múltiples denuncias civiles y eclesiásticas permanecen abiertas.