Carreteras sin gobernanza, enemigas silenciosas en la selva peruana: crean Plataforma sobre Infraestructura Territorial Amazónica

El reciente acuerdo para crear la Plataforma sobre Infraestructura Territorial Amazónica marca un punto de inflexión en la búsqueda de soluciones frente a los impactos negativos que la infraestructura vial ha generado en la Amazonía. Esta iniciativa, que reúne a organizaciones indígenas y de la sociedad civil de Perú, Brasil y Colombia, surge tras un encuentro en Lima donde se analizaron los riesgos y desafíos que enfrentan los territorios amazónicos ante la falta de transparencia y coordinación en los proyectos viales.

La experiencia acumulada en las últimas dos décadas, especialmente con proyectos como la carretera Interoceánica-Sur y el caso Odebrecht, ha puesto en evidencia la urgencia de fortalecer los controles y la articulación institucional. En regiones como Madre de Dios, la construcción de la Interoceánica-Sur derivó en la degradación de aproximadamente 20.000 hectáreas de bosque debido a la minería ilegal, según el análisis compartido por los participantes del encuentro. Este tipo de iniciativas, ejecutadas sin una planificación integral, han propiciado la deforestación, la contaminación de fuentes hídricas y la expansión de economías ilícitas, mientras el desarrollo local y el acceso a servicios básicos han quedado relegados.

Denisse Linares, líder de proyectos de DAR (Derecho, Ambiente y Recursos Naturales), respaldó la necesidad de realizar estudios ambientales, económicos y sociales rigurosos que incorporen las expectativas locales desde una perspectiva de sostenibilidad.

Linares enfatizó que “estamos hablando de territorios sensibles por sus características sociales y ambientales”, y subrayó la importancia de fortalecer la articulación con organismos como la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y otros espacios intergubernamentales dedicados a la planificación de infraestructura.

El impacto directo sobre las comunidades nativas fue expuesto por Beatriz Tijé, representante de la Federación Nativa del Río Madre de Dios (Fenamad). Tijé relató que, tras la construcción de carreteras principales, se incrementaron las actividades ilícitas y la violencia en la región. Según sus palabras, “La Transoceánica ha traído un desorden a Madre de Dios y ya no podemos cómo frenar eso”.

Además, señaló que la minería y el narcotráfico han deteriorado la calidad del agua y restringido la seguridad alimentaria, lo que ha incrementado la inseguridad y la pérdida de jóvenes que se suman a economías ilegales. La ausencia de apoyo estatal, advirtió, facilita la entrada de concesiones mineras que afectan a comunidades como Arasaereyo.

Desde Colombia, Kathryn Rosas, abogada de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), describió cómo la construcción de infraestructuras viales y fluviales ha facilitado la entrada de actividades ilícitas y ha intensificado la presión sobre los territorios indígenas.

Rosas destacó que las comunidades han desarrollado mecanismos propios de protección y que la legislación colombiana reconoce sus funciones ambientales. Solicitó que se respete el derecho a consultas previas, libres e informadas, y afirmó: “Estas infraestructuras no pueden seguir siendo un pretexto para ampliar las economías ilegales o violentar los derechos colectivos”.

El consenso alcanzado en el encuentro sentó las bases para la creación de una plataforma regional amazónica orientada a la producción de información, el fortalecimiento de la gobernanza socioambiental y la generación de propuestas y alternativas sostenibles. El objetivo es encontrar vías de desarrollo compatibles con la protección de los derechos colectivos y los saberes tradicionales.

Organizaciones como la OPIAC, la FCDS de Colombia, la ORAU, la CORPI-SL, la FENAMAD, la DAR de Perú y el Grupo de Infraestructura de Brasil, junto a otros aliados estratégicos para la Amazonía, destacaron la importancia de consolidar un espacio de propuestas sobre infraestructura vial que incorpore criterios de respeto a los derechos de las poblaciones locales y tenga en cuenta la delicada situación socioambiental de la región.