
El Congreso de la República volvió a colocar en el centro del debate nacional al sector Cultura. Una moción multipartidaria fue presentada contra el ministro Fabricio Alfredo Valencia Gibaja, actual titular del Ministerio de Cultura, por cuestionamientos a su gestión en torno a Machu Picchu, la administración de medios públicos y decisiones que comprometen la protección de diversos sitios arqueológicos del país.
El documento ingresó este jueves 2 de octubre al Parlamento, y lleva como título la moción de censura de orden del día N.º 19485-RU-2069833. Se sustenta en la supuesta “falta de idoneidad” del funcionario, quien asumió el cargo en septiembre de 2024 y fue ratificado en mayo de este año en el gabinete presidido por Eduardo Arana. La propuesta busca someterlo a la sanción política más severa que contempla la Constitución: su salida inmediata del cargo.
El caso no se limita a un conflicto puntual. Los congresistas firmantes señalan una serie de hechos acumulados, desde la reducción del área intangible de las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa hasta presuntas irregularidades en contrataciones, favorecimientos personales, desatención a trabajadores de su propio ministerio y deficiencias en la gestión del patrimonio. El detonante, sin embargo, se concentra en la crisis de Machu Picchu, donde se registran disputas por la concesión de la ruta Hiram Bingham, problemas en la venta de boletos y advertencias de la UNESCO sobre el riesgo de perder la condición de maravilla del mundo.
“Lo que está en juego no es solamente la permanencia del ministro, sino la credibilidad del Estado en la defensa de su patrimonio cultural”, señala el texto de la moción.
Recorte en Nasca y Palpa

Uno de los argumentos más relevantes del documento es la Resolución Viceministerial N° 000128-2025-VMPCIC/MC, emitida bajo la gestión de Valencia, que redujo en aproximadamente 2,400 km² el área intangible de la reserva arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa. Según los legisladores, esta medida dejó desprotegida la zona frente al avance de la minería ilegal y se ejecutó sin consulta a la UNESCO ni a especialistas.
“Se trató de una decisión apresurada, sin sustento técnico y sin socialización adecuada”, señalan los firmantes. Aunque la resolución fue dejada sin efecto posteriormente, los congresistas advierten que no fue derogada en su totalidad y que persiste la incertidumbre sobre su vigencia legal.
La moción también recoge denuncias sobre presunto uso irregular de recursos públicos. Se acusa al ministro de favorecer a una trabajadora sin título universitario ni experiencia en el sector, otorgándole acceso a su vehículo oficial y órdenes de servicio de alto costo. “Podría configurar negociación incompatible, colusión, tráfico de influencias y peculado de uso”, se lee en el documento.
A ello se suma la contratación, bajo la modalidad de alquiler, de un local para la nueva sede de TV Perú por 16 millones de soles, sin concurso público ni convocatoria abierta. Este hecho es calificado como un acto de “opacidad en el manejo de recursos estatales” y un riesgo para la transparencia en un organismo considerado estratégico.

Otro punto que alimenta la moción es la situación de Machu Picchu. Los trabajadores de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco denunciaron incumplimiento de pactos colectivos, desigualdad salarial y condiciones precarias. Incluso, advirtieron que podrían cerrar los accesos a la ciudadela si no se atendían sus reclamos.
Los congresistas responsabilizan a Valencia por no haber resuelto la crisis, lo que coincidió con advertencias de la UNESCO sobre el ingreso de Machu Picchu a la lista de Patrimonio en Peligro debido al sobreaforo y a problemas en el control de visitantes.
Gestión cuestionada en otros frentes

La moción menciona otros temas pendientes en el sector: la demora en la publicación del Plan Anual de Estímulos Económicos para la Cinematografía y el Audiovisual 2025, la falta de avances en la recuperación de Kuélap y el Gran Pajatén, la ausencia de medidas para proteger Caral, Chan Chan y Las Salinas de Chao, y la paralización en la puesta en funcionamiento del Museo Nacional del Perú.
Asimismo, se critica la designación de Adriana Janette Rodríguez Jadrosich como presidenta del IRTP, considerada un “acto de favoritismo político”, y la supuesta inacción frente a denuncias en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica.
El texto también cuestiona los viajes oficiales realizados por Valencia durante la crisis. En julio de 2025 participó en la reunión del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO en París, con un costo de 7,244 dólares autorizado por la presidenta Dina Boluarte y el premier Arana. Un mes después viajó a Corea para el “Diálogo de Alto Nivel sobre Cultura” de APEC, mientras en Cusco persistían los problemas en la venta de boletos y el exceso de visitantes a Machu Picchu.
“Resulta inaceptable que mientras la principal joya turística del país enfrentaba caos en su administración, el ministro priorizara viajes internacionales sin atender la urgencia local”, subraya la moción.
El documento concluye afirmando que las acciones y omisiones del ministro reflejan “debilidad, apatía e indiferencia en el liderazgo del sector Cultura”, en contravención de la Ley N.° 29565 que establece la gestión sostenible del patrimonio como función esencial del ministerio.
Por ello, la moción solicita al pleno del Congreso aprobar la censura de Fabricio Valencia. “Las acciones expuestas demuestran su incapacidad y falta de idoneidad para el cargo”, indica el texto, presentado el 3 de septiembre de 2025.
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