Jefe policial en Lima admite limitaciones para cuidar a chóferes de extorsiones y sicariato: “No estamos en la posibilidad”

Los transportistas convocaron a una nueva paralización para este 2 de octubre debido a que los actos de extorsión y sicariato contra chóferes no se detienen, pese a las medidas implementadas por el Gobierno de Dina Boluarte.

Si bien los dirigentes de diferentes organizaciones plantean diversas demandas, hay una que se repite: que se asigne un efectivo policial a cada unidad de transporte público para proteger a los conductores de la delincuencia.

Sin embargo, pese al temor persistente entre chóferes y pasajeros, la Policía Nacional del Perú (PNP) reconoció que no cuenta con la capacidad suficiente para garantizar seguridad individual a cada bus que circula en la capital.

El general Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, fue enfático al señalar que el número de unidades en circulación supera por mucho los recursos disponibles de la institución.

A pesar de las acciones que el Ministerio del Interior, la PNP y el MTC aseguran ejecutar para combatir a las bandas de extorsionadores, los ataques no cesan. De hecho, tras el anuncio del ministro de Transportes, César Sandoval, de que se “canceló” el paro de transportes, un bus de la empresa Vipusa fue baleado en San Juan de Miraflores.

La unidad se encontraba llena de pasajeros, quienes solo atinaron a tirarse al piso para protegerse de los disparos. Afortunadamente, el conductor resultó ileso.

Ante estas limitaciones, la estrategia policial se ha enfocado en acciones conjuntas con las empresas de transporte en zonas críticas. Monroy destacó la experiencia aplicada en San Juan de Lurigancho, uno de los distritos más golpeados por mafias del cobro de cupos. “Hemos tenido una reunión con los empresarios de transporte de San Juan de Lurigancho y, eh, hemos desarrollado un corredor seguro, en próxima a la independencia, desde las cuatro de la mañana hasta las once de la noche. Estamos funcionando desde el día lunes”, explicó.

El objetivo de estos corredores seguros es garantizar horarios de operación vigilada y brindar mayor protección en los tramos más vulnerables. Aunque no resuelven el problema de fondo, constituyen una alternativa inmediata para reducir los riesgos de ataques contra los transportistas.

Monroy agregó que la PNP está evaluando ajustes a estas medidas y exhortó a las empresas a organizar sus operaciones dentro de los horarios de mayor control. De lo contrario, advirtió, los buses pueden quedar expuestos a incidentes.

El mensaje de la institución también incluyó un pedido de calma frente a la protesta. “La Policía Nacional les garantiza su libertad de expresión, su libertad de tránsito, más no vamos a permitir actos de violencia”, indicó.

Finalmente, el general subrayó que la seguridad de los ciudadanos y del sistema de transporte depende de una acción coordinada entre autoridades, empresarios y la propia comunidad. “El Perú no puede parar, Lima no puede parar”, insistió, en alusión a la necesidad de mantener el servicio operativo sin caer en la violencia ni en el miedo.